“El Gobierno de España no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento, y eso con la ley en la mano y contra las declaraciones del Parlametno Europeo y la legislación española”, sentenció la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también ministra de Educación dijo que el Ejecutivo “no ha establecido ninguna secuencia” entre la exhumación de los restos y la posterior inhumación pero “está trabajando” en la reforma del proyecto de ley de memoria en la que se busca que reposen en un lugar privado y discreto donde no pueda ser homenajeado.

Pero esta reforma está en el Congreso donde el Ejecutivo no controla los tiempos y, según fuentes gubernamentales, no esperan que Ciudadanos alargue este trámite parlamentario pidiendo junto al PP sucesivas ampliaciones de enmiendas.

“Una cuestión llevará a ajustarse a la otra”, llegó a decir cuando se le preguntó si el Gobierno no exhumará hasta tener la aprobación de la reforma de la Ley de Memoria. Pero acto seguido, apuntó que “no hemos, de ninguna manera, subordinado la inhumación a la exhumación pero haremos lo posible para que sea coherente un movimiento con el otro”, dijo la portavoz. “2019 arrancará sin contar España con un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar publico”, sentenció la ministra.

El Consejo de Ministros aprobó un nuevo paso para concluir el trámite administrativo para la exhumación de los restos de Franco con la aprobación de un acuerdo de continuación del procedimiento, con el que se informará al Ayuntamiento del “proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación”, en cumplimiento de lo que fija del Real Decreto-ley 10/2018.

Además, en la misma decisión se ordena que solicite “informe no vinculante al órgano de la comunidad autónoma competente en materia de sanidad mortuoria, que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes”, según reza la norma aprobada por el Ejecutivo en agosto para amparar legalmente la exhumación.

Estos pasos suponen que el procedimiento administrativo entra en la fase final porque, cuando estos pasos se produzcan, se “dará traslado a los interesados antes de la resolución para que, en el plazo improrrogable de diez días, aleguen lo que estimen oportuno sobre las mismas”, según la norma.

Una vez pase ese periodo, habrá que celebrar otra reunión del Gabinete que preside Pedro Sánchez, en la que resolverá “sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que haya de darse a los restos mortales afectados”.

Ahí es donde se da respuesta a las alegaciones que hayan presentando las familias y se cerraría el procedimiento, concluyendo con la exhumación de Franco, señalaron las fuentes consultadas por esta agencia.