Según el CGAE, es el Ministerio de Justicia y no el Consejo quien ha incumplido “reiteradamente” sus obligaciones tanto en lo que se refiere al pago mensual, acordado con el anterior Gobierno, como en hacer frente a los pagos acordados a los abogados de oficio, también por el anterior equipo ministerial, con el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por la asistencia a los implicados que tienen concedido el derecho a la asistencia de oficio en relación con el caso Gürtel.

El origen del conflicto, explicó Abogacía Española, “viene motivado por la prolongación en el tiempo del 'caso Gürtel' y la necesidad de ampliar también el convenio firmado entre el ICAM, el Ministerio de Justicia y el CGAE para hacer frente a los pagos de los abogados de oficio designados para este asunto”.

La renovación de ese convenio, explicó el Consejo, se estaba negociando con el anterior equipo ministerial que, “de manera consciente y voluntaria”, autorizó los pagos y libró las cantidades correspondientes por los servicios realizados. Tras su llegada, agregó, “el nuevo equipo ministerial rechazó la renovación del convenio y reclamó las cantidades que el Consejo, en su función de coordinador de las gestiones de pagos en territorio común, había enviado al ICAM”.

Esta respuesta del CGAE se produce ante el anuncio, este martes, del Ministerio de Justicia en el que informó que ha dado orden de pagar 7,8 millones de euros de minutas del turno de oficio correspondientes a los pasados meses de julio, agosto y septiembre. Los letrados recibirán este dinero en el plazo de 15 días. Según Justicia, este pago se efectuará después de haberse solventado un error cometido por el Gobierno anterior, que dio lugar a la paralización del abono de subvenciones.

EL CGAE RECHAZA LOS ARGUMENTOS DE JUSTICIA

En concreto, según el Ministerio, el equipo de Rafael Catalá pagó una cantidad superior a la prevista, lo que obligó a revisar los expedientes. Por este motivo, se exigió al CGAE el reintegro del importe de 591.297 euros que se había abonado de más por parte del equipo ministerial anterior, de acuerdo con las certificaciones en su día expedidas por la institución que agrupa a los letrados españoles.

Una vez cumplido este trámite, Justicia ha logrado desbloquear las subvenciones pendientes a los abogados de oficio que ascienden a un total de 7.835.117 euros. El pago, que se ha ordenado de modo inmediato, se hará efectivo en el plazo de quince días.

Sin embargo, para el CGAE, el departamento de Delgado “mezcla de manera interesada los pagos del sistema general de asistencia jurídica gratuita en territorio común, cuyo compromiso de pago mensual ha incumplido, afectando a más de 20.000 abogados y a todos los Colegios, con los pagos amparados en el convenio para sufragar los gastos generados en el proceso 'Gürtel'”.

Además, para el Consejo las explicaciones del Ministerio muestran “un desconocimiento profundo” del sistema de pago, dado que se refiere a “certificaciones en su día expedidas por el Consejo General de la Abogacía Española”, cuando la realidad es que el CGAE "no emite tales certificaciones". En último lugar, el consejo destacó que se ha visto “obligado” a consignar la cantidad indicada por el Ministerio para desbloquear la situación forzada por este, pero que ejercerá "todas las acciones legales que sean pertinentes" en defensa de sus derechos y los de la profesión a la que representa.