Según informó este lunes la Fiscalía, esta institución recurrirá el auto de sobreseimiento provisional dictado el pasado 24 de octubre por el juzgado central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en relación con las Diligencias Previas 23/16.

En esta causa fueron encausados Conde, sus hijos Alejandra y Mario Conde Arroyo, el abogado Francisco Javier de la Vega y otros. El procedimiento, que se incoó por querella de la Fiscalía Anticorrupción, fue archivado sin contar con el dictamen de esta institución.

La acusación pública explicó este lunes que no se le dio traslado “de las diversas y coordinadas peticiones de sobreseimiento libre y archivo formuladas por la práctica totalidad de las defensas”.

“MAPA BANCARIO”

Entiende la Fiscalía que la resolución impugnada soslaya el material incriminatorio hallado en las entradas y registros practicadas y en las comisiones rogatorias, ya cumplimentadas, dejando sin investigar el complejísimo “mapa bancario” de Conde. Según el Ministerio Público, esta información “revela indicios sólidos de la existencia en el extranjero, oculto a la Hacienda Pública española, de un considerable patrimonio”.

Para el Ministerio Público, “los datos disponibles hasta la fecha ponen de manifiesto que los rendimientos derivados de las cuantiosas cuotas defraudadas en los ejercicios fiscales 1983, 1987 y 1989 estarían siendo introducidos en España por un entramado societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de blanqueo de capitales”.

Se añade que “tampoco cabe descartar en este momento procesal el delito de frustración de la ejecución, habida cuenta de que no consta acreditado que Mario Conde haya hecho efectivas definitivamente sus responsabilidades pecuniarias dimanantes de las sentencias condenatorias dictadas en los llamados casos Banesto y Argentia Trust, como tampoco su deuda millonaria con la Hacienda española”.

Por otra parte, y contrariamente a lo que se indica en el auto recurrido, en el sentido de que no existen “expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios”, la Fiscalía considera que la resolución dictada es “prematura y supone un cierre en falso de la instrucción, pues no atiende las propuestas de investigación formuladas” por la Guardia Civil.