A su juicio, “España no destaca por su dedicación de recursos a los servicios sociales, sino que sigue estando a la cola de los gastos en servicios sociales, y conseguir esos derechos de calidad en toda España es el reto marcado por el Cermi”.

Así lo declaró durante la última jornada del VI Congreso de Cermis Autonómicos, "La hora de influir en la política", organizado en la capital castellano-manchega por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Estatal) y por el Cermi Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha.

Bayarri analizó, por una parte, el sistema de servicios sociales como uno de los instrumentos básicos para garantizar a todas las personas el efectivo ejercicio y acceso a todos sus derechos, “desde el punto de vista de que los servicios sociales sean una elección de vida para las personas”; y, por otra, los principios básicos, criterios y aspectos operativos de los que debería disponer un sistema de servicios sociales universal y de garantía de derecho.

Para ello, indicó que es necesario que exista “mucha coordinación, comunicación y cooperación, así como que cada vez que consigamos un éxito en cada comunidad autónoma seamos capaces de trasladarlo”.

También, a pesar de existir ya una Ley de Servicios Sociales aprobada recientemente, advirtió de que, aunque no la vayan a cambiar, “sí hay que seguir su desarrollo reglamentario, consiguiendo unas carteras de servicios bien reglamentadas”.

“Tenemos que luchar por que los servicios sociales sean de primer nivel”, ya que, según destacó, “sin ellos no hay garantía de derechos sociales, ni un progreso social o económico”.

Por último, subrayó que, desde la perspectiva del fenómeno social de la discapacidad, “tenemos que seguir trabajando políticas por la igualdad de oportunidades, por la accesibilidad universal y por la participación activa”.

LEY DE DEPENDENCIA

Por su parte, la senadora del PP por Asturias Dorinda García hizo referencia a la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que calificó de “cuarto pilar del Estado del Bienestar”, al tiempo que criticó que las comunidades autónomas estén financiando la ley a un 70% u 80%, cuando la ley establece el 50%.

“Tienen un gran problema de financiación de esta ley”, dijo, y puntualizó que los presupuestos de 2011 en materia de dependencia reducen la cuantía en más de un 5%, en un ejercicio en el que se incorporan al sistema los dependientes de grado 1.

La secretaria de Políticas Sociales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Carmen Sánchez-Carazo, expuso un balance de las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de discapacidad durante el periodo 2008-2010.

“El programa electoral de 2008 incluía medidas que afectaban a este colectivo: derechos de ciudadanía, fortalecimiento de las ayudas a las familias, de personas con discapacidad, calidad de vida, medio rural, deporte y ocio inclusivo”, sostuvo.