Así se asegura en el trabajo ‘La ciberseguridad como deber deontológico del abogado: una mirada al futuro de la profesión’, del que es autor Jaime Sardina y que ha obtenido este año el premio José María Cervelló de Derecho de los Negocios, que otorgan la Cátedra José María Cervelló de IE Law School y Ontier España.

Este galardón fue entregado esta semana y presentado, durante un encuentro en Servimedia, por el propio autor, al que acompañaron Juan José Torres-Fernández, cotitular de la Cátedra Cervelló; Adolfo Menéndez, en representación de Ontier y cotitular de la Cátedra; y Fernando Riaño, jurado del premio y presidente de Servimedia.

En este acto, Menéndez se refirió a la “excelencia” del trabajo premiado y Torres-Fernández apuntó que la seguridad cibernética “va a cambiar el ejercicio de la abogacía" y "va a imprimir nuevos deberes deontológicos”. Por su parte, Riaño aludió a que el estudio galardonado hace una aportación “desde un punto de vista crítico” a la cuestión de la ciberseguridad de los abogados.

“FALTA DE PREVISIÓN”

En este sentido, en el trabajo se indica que “España ocupa en la actualidad el puesto 25 de Europa y el 54 del mundo en nivel de compromiso y desarrollo en materia de ciberseguridad” y que en el Código Penal español no existen “leyes ni requisitos aplicables a las organizaciones en general”, como podría ser el sector de la abogacía.

A este respecto, el estudio apunta que, en lo que se refiere a los despachos de abogados, “resulta preocupante la falta de previsión normativa al respecto, toda vez que el sector de servicios profesionales es el más afectado por los ataques cibernéticos”. Concretamente, de acuerdo con un análisis de la entidad NetDiligence, un 18% de los ataques cibernéticos en España tienen como objetivo el sector profesional, que incluye a los letrados, lo que supone un nivel de vulnerabilidad por delante de sectores como la banca, la educación o la sanidad.

Según el trabajo, “esta falta del debido nivel de desarrollo que España debería tener en materia de ciberseguridad se ve reflejada en la normativa deontológica de sus colegios de abogados, donde las referencias a la necesaria actualización de sus abogados en relación con las nuevas tecnologías que están transformando la profesión brillan por su ausencia”.

A este respecto, Sardina dijo a Servimedia que “el abogado, por su especial profesión, que trata muchos datos de clientes y posee información muy confidencial, es una profesión que debe ser especialmente muy cuidadosa” en materia de ciberseguridad. Sostuvo que esta preocupación “tiene que tener su reflejo en la deontología” antes que en una normativa general, ya que la realidad es diferente según las profesiones.

SOLUCIÓN DEONTOLÓGICA

Por este motivo, el trabajo sostiene que, aunque la ciberseguridad no debe tomarse “como la panacea que protegerá definitivamente a los sistemas de un despacho de abogados de cualquier injerencia externa”, sí tienen que tomarse medidas deontológicas y dentro de cada bufete de letrados.

En concreto, se considera “como prioridad la necesaria modificación del Código Deontológico a los efectos de incluir la ciberseguridad como deber deontológico del abogado”. También se recomienda a los abogados tomar medidas como la encriptación de documentos o usar una “nube privada” de Internet en vez de la pública, con el fin de aumentar la seguridad.

Asimismo, el estudio se refiere a que “como alternativa, o complemento, a la regulación deontológica, no es descartable la posibilidad de elaborar un código de conducta interno que aborde los distintos protocolos y actuaciones que deban adoptar los abogados de un despacho en materia de ciberseguridad”. Esta posibilidad permitiría al despacho “adaptar su política de ciberseguridad a las necesidades y exigencias concretas que se deriven del perfil de sus clientes y del tipo de información que éstos le confíen al despacho”.