La norma sustituye a la regulación vigente de 2017 sobre potencial de producción agrícola. Según explicó la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, el decreto pretende mejorar el procedimiento de concesión de autorizaciones de viñedos, así como dar más oportunidades a los jóvenes viticultores y a los investigadores.

Las principales novedades del real decreto son consecuencia de los cambios introducidos en el sistema de autorizaciones, por la modificación de la normativa comunitaria que entró en vigor en enero de 2018. Se incluye así un nuevo criterio de admisibilidad que exige que el solicitante no tenga superficies de viñedo ilegal o no autorizadas.

También se establece un límite máximo de 5 hectáreas de superficie admisible por solicitante y se añade la exigencia de ser joven viticultor al solicitante que cumpla con el criterio de prioridad de buen comportamiento previo porque no tenga viñedo abandonado, plantaciones ilegales o no autorizadas y que no haya incumplido algún compromiso obligatorio para la concesión de la autorización.