Así lo denunció este jueves la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), que presentó en Madrid un informe elaborado en un total de 137 centros educativos de Madrid, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía. De ellos, sólo en 11 centros detallan que la cuota es voluntaria y “no pasa nada” en el acceso de los menores a los servicios del centro si sus familias no pagan esa base.

El informe se ha realizado a través de la técnica del ‘mystery shopper’, pues los investigadores se hicieron pasar por familias en el momento de la matriculación acudiendo a centros que eligieron de forma aleatoria a final del curso pasado. Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso 2018-2019 hay un total de 28.531 centros para enseñanzas no universitarias, de los que 9.419 serían de enseñanzas privadas y concertadas.

Según el citado estudio, el 96,36% de los centros investigados que cobran una cuota exigen un pago obligatorio bajo diferentes denominaciones, por lo que incumplen la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en España. Esa cuota se realiza “con más o menos importe” y bajo diferentes denominaciones. De hecho, en Galicia, el máximo detectado es de 144 euros y el mínimo de un euro.

Ceapa señaló precisamente que existen grandes diferencias entre comunidades autónomas en las que se ha llevado la investigación. En los centros estudiados de Cataluña se pagan las cuotas mensuales más elevadas, con una media de 249 euros. En algunos centros, el precio del mes supera los 400 euros, en un caso alcanzando los 860 euros.

MADRID Y CATALUÑA OBLIGAN A PAGAR

Los impulsores del informe subrayaron asimismo durante su presentación, que en los centros analizados de la región madrileña y de Cataluña la cuota base hay que pagarla en todos ellos.

Los investigadores se hicieron eco también de la falta de transparencia en la información facilitada a las familias en cuanto a tarifas, horarios y contenidos de los servicios educativos que prestan. De hecho, la justificación más extendida para pedir a las familias que abonen esa tarifa base es la falta de financiación estatal y los gastos que los centros concertados tienen por ofrecer más recursos educativos.

Un 39% de los colegios no entregaron una hoja de precios a las familias y en ocasiones la información se facilita sin membrete, de forma manuscrita, o piden a los interesados que hagan fotos con el móvil a tablones de anuncios ubicados en los propios centros.

Asimismo, añadieron, el 11% de los centros obligan a un pago único a la entrada en el colegio, para la fundación a la que pertenecen.

EXCLUSIÓN DEL NIÑO

Uno de los aspectos más preocupantes que desvela el documento es que en el 21% de los casos analizados, el impago de la cuota conlleva a la “exclusión” del alumno, pues los colegios piden a las familias que recojan al niño en determinados horarios en los que no se harían cargo de él o les ubicarían en otras aulas “con o sin atención”, lo que, según Ceapa, crea “guetos” en el interior de esos colegios.

Por ello, la presidenta de la confederación, Leticia Cardenal, animó a las distintas federaciones regionales de padres de alumnos a denunciar estas situaciones, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid: “Es la Administración la que tiene que velar porque esto se cumpla, y no se discrimine a las familias y se les obligue a pagar cuotas voluntarias”. “El primer paso es presionar a la administración. Habrá que valorar las denuncias por colegios concreto”, agregó.

En este contexto, la Confederación pide al Ministerio de Educación y Formación Profesional que impulse un real decreto que establezca los requisitos mínimos para poder optar al régimen de concierto con el que permitiría actuar convenientemente a la inspección para evitar los casos detectados en al menos 126 centros concertados españoles