Así se recoge en el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 firmado este miércoles por el Gobierno con los sindicatos CCOO, UGT y USO, además de la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounión).

Además, el acuerdo, firmado en un acto con la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores.

En concreto, podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado.

El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

Por otro lado, los empleados no prejubilados dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa. En particular, tendrán acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración de ambiental las minas. Los trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares a las empresas objeto de este acuerdo también podrán formar parte de la bolsa de trabajo.

Los firmantes estiman, a falta de concretar las empresas y el número final de trabajadores que serán objeto del acuerdo, que serán beneficiarios del mismo unos 600 empleados y que el 60% podrán optar por la prejubilación.

Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa.

Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El acuerdo da respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo de 2010, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año.

Su objetivo final es la reactivación económica y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y el bienestar social.

Por último, el acuerdo dedica un apartado al potencial de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) de Cubillos del Sil (León) como vector del proceso de transición energética justa.

Teresa Ribera destacó que “con este acuerdo, hemos resuelto la primera tarea urgente que nos encontramos encima de la mesa cuando llegamos al Gobierno. Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas”.

Por su parte, Valerio expuso que “el acuerdo de hoy es una demostración de que el diálogo social funciona” y de que “de la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias”.