Según informa Caso Castor en una nota de prensa, esta organización ha decidido abrir un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tras la ratificación del archivo de su querella.

“Un agujero como el que ha dejado el proyecto Castor es un indicio suficiente de que ha habido un problema, como mínimo, de mala praxis de la Administración y que esto debe ser investigado”, denuncia Caso Castor.

Dicha querella se dirigía contra cinco exministros de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y el empresario Florentino Pérez. En concreto, además de a Miguel Sebastián, quien lanzó el proyecto, y José Manuel Soria, quien aprobó la compensación de 1.350 millones de euros, contra Joan Clos, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa.

Para los jueces, la construcción de las instalaciones de Castor “no responde a una idea aislada ni peregrina, sino que fue acorde con una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, previamente planeada (ya desde el año 2002), antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos”.