Así lo dijo en declaraciones a los periodistas tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, que no se reunía desde hacía nueve años y a la que han acudido 19 representantes, de todas comunidades autónomas y de las ciudades autónomas.

La ministra explicó que se ha acordado favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, “garantizar un entorno seguro” y el desarrollo profesional y personal de este colectivo. Batet subrayó que esta materia “tiene que ser una prioridad absoluta”, dado que “todavía hay demasiadas manifestaciones de desigualdad” en la sociedad.

Con este acuerdo, según la ministra, se facilitará la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género a otra localidad alejada de la residencia del maltratador si así lo desea, con lo que “podremos favorecer este entorno de mayor libertad para todas las mujeres”. También se garantiza que la empleada pública no sufre pérdida en sus retribuciones ni un retroceso en su carrera profesional. Además, se da cumplimiento a un punto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el Congreso de los Diputados.

La ministra detalló que cada una de las administraciones tendrá que hacer procedimientos internos para poder adaptar el acuerdo a su realidad y en el marco de la negociación con los sindicatos. En este sentido, afirmó que “sabemos que la predisposición es buena” y “pensamos que se podrá poner en marcha muy pronto, dependerá de los tiempos que requieran cada una de las administraciones autonómicas”.

Según el Ministerio, este tipo de necesidades de movilidad se tramitarán de forma preferente, de forma que la resolución se dicte en el menor tiempo posible, y protegiendo la intimidad de las víctimas, y en especial sus datos personales, así como los de sus ascendientes y descendientes.

Asimismo, en la conferencia sectorial se trataron políticas de movilidad de empleo público para que se favorezca la movilidad interadministrativa con carácter general, lo que permitirá “conciliar las demandas de los empleados públicos” y “tener un conocimiento más global de toda la estructura del estado”.

A estos asuntos se suma la aprobación del reglamento interno de funcionamiento de la conferencia sectorial de Administración Pública, en el que se prevé que participen otras organizaciones como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).