En una nota de prensa, UGT destaca que la sentencia señala que el hecho de que una vivienda no cumpla esa función social faculta a las administraciones públicas a intervenir en una adquisición preferente, en un desahucio administrativo, en un alquiler forzoso o en multas, entre otros.

A este respecto, el sindicato recuerda que la ley configura el “uso adecuado de una vivienda” entendido como la utilización “acorde a su función social, de modo que no se produzcan situaciones injustificadas de vivienda deshabitada o sobreocupada”, entendiendo ésta “si está desocupada de forma continuada, durante un tiempo superior a dos años, sin causa alguna que pueda justificar su no utilización”.

Por el contrario, el Alto Tribunal ha declarado inconstitucional los supuestos relativos a la expropiación temporal del uso de viviendas en supuestos de personas en situación de emergencia social inmersos en procesos de desahucio por ejecución hipotecaria o por impagos en el alquiler.

Para el sindicato, “esta sentencia supone un paso en la buena dirección al asignar a la vivienda un valor de uso y despojarla del carácter de instrumento de inversión y de búsqueda de rentabilidad, apostando por un mayor impulso, por parte de las administraciones públicas, para conseguir un Parque de Vivienda Social destinada, preferentemente, al alquiler”.

Por ello, UGT concluye que “resulta imprescindible poner en valor el grave problema de acceso a la vivienda y buscar soluciones habitacionales a aquellas familias víctimas de desahucios” y reclama al Gobierno la necesidad de legislar, mediante una norma básica.