Este tribunal se declaró competente para instruir la causa después de que el juzgado número 19 le remitiera la demanda por entender que era el órgano que debía estudiar la cuestión.

El Ayuntamiento de Alcorcón consideró que los cierres al tráfico previstos podrían vulnerar los derechos de los ciudadanos a circular libremente por el territorio nacional, recogidos en los artículos 19 y 139.2 de la Constitución Española.

El municipio de Alcorcón está conectado con la capital a través de la A-5, que cruza la M-40 y desemboca en la M-30, vía afectada por las restricciones al tráfico previstas en dicho Protocolo.

Según el Ayuntamiento de Alcorcón, su cierre en el peor de los escenarios de alta polución causaría el llamado “efecto frontera”, que afectaría a las localidades limítrofes provocando consecuencias económicas por sobrecarga de tráfico y colapso circulatorio, entre otras.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Alcorcón presentó esta demanda instando a que se suprimiesen las medidas a adoptar en los escenarios 3 y 4 del mencionado plan de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El alcalde del municipio, David Pérez, recordó que se presentó esta demanda al considerar que “se podrían estar vulnerando los derechos de los ciudadanos de Alcorcón y los de otros municipios, además de no respetarse la lealtad institucional ni la consideración hacia un municipio vecino con el que no se mantuvo ni siquiera un mínimo contacto para al menos adelantar los dispositivos previstos o los protocolos necesarios para poder organizar con antelación las alternativas que garanticen la movilidad de los vecinos”.