En una proposición no de ley presentada en la Cámara Baja, Ciudadanos insta al Gobierno a modificar el artículo 156 del Código Penal, que despenaliza la esterilización forzosa en los casos de incapacitación judicial.

En su exposición de motivos, la iniciativa subraya que esta práctica es contraria a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho de todas ellas en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges; a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro; a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás.

PRÁCTICA EXTENDIDA

Sin embargo, añade Cs, “lo recogido en este artículo no tiene total vigencia en España", donde, a día de hoy, se sigue practicando la denominada “esterilización forzosa o no consentida” a personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente.

Así lo apuntan en su propuesta los diputados Patricia Reyes y Diego Clemente, quienes destacan que “la esterilización forzada es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera”. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la última década se han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzosas, la mayoría de ellas en mujeres. Sólo en el año 2016 el Cermi reportó 140 casos, dándose 865 casos más entre los años 2005 y 2013.