En un comunicado, Cocemfe consideró que “este tipo de comparaciones no reflejan la realidad”, al tiempo que “alejan el foco de las verdaderas necesidades de las personas y su realidad laboral”.

Por ello, pidió al Gobierno que apueste por un sistema justo de servicios y prestaciones en el que se proporcione la protección necesaria para las personas con discapacidad y para las personas que, como consecuencia de la realización de su trabajo habitual, han pasado o están en un proceso de incapacidad laboral.

Granado afirmó que es “una auténtica contradicción” que haya personas con graves discapacidades trabajando y otras no tan graves que cobran una pensión de incapacidad permanente hasta que acceden a la jubilación, y añadió que intentará reducir esta contradicción “en la medida de lo posible”.

En respuesta a estas declaraciones, el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, pidió “racionalizar el sistema con equidad, coherencia e investigando aquellos casos en los que se sospeche que se puede haber cometido un fraude a la Seguridad Social, antes de criminalizar a las personas que cuentan con una incapacidad laboral”.

“Bastante duro es tener que dejar de trabajar, con las repercusiones sociales y psicológicas que conlleva, como para que el mensaje que se traslada a la sociedad es que te estás aprovechando del Estado del bienestar cobrando una pensión que no te corresponde”, agregó Queiruga.