A través de este texto, el Ejecutivo declara su “firme voluntad de seguir avanzando en la erradicación de la trata de seres humanos”, un delito que produce “devastadoras consecuencias en las personas que son captadas y utilizadas como mercancía” para beneficio económico de las redes de delincuencia que las explotan.

Combatir esta práctica resulta “una prioridad” para el Gobierno, que la aborda desde un enfoque “centrado en la víctima” con el objetivo de garantizar una respuesta “contundente y coordinada” de los poderes públicos para “asegurar el rescate y la recuperación de las víctimas, promoviendo su protección y el ejercicio de los derechos de los que fueron privadas”.

El texto destaca la importancia de que existan instrumentos esenciales para garantizar la adecuada identificación y protección de las víctimas, como el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de trata de seres humanos, aprobado en 2011, que definió las pautas de comunicación entre las administraciones e instituciones implicadas para favorecer el acceso de las víctimas a los recursos de asistencia y protección.

La declaración incide especialmente en la dimensión de género en los casos de trata con fines de explotación sexual, e insta a seguir avanzando a través de la adopción de medidas que garanticen el acceso efectivo de las víctimas a sus derechos.

Con esta finalidad, el Ejecutivo recuerda que trabaja en el ámbito del Pacto de Estado contra la Violencia de Género impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres como una “verdadera política” de Estado.

“Es precisamente en el contexto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género donde se recoge la elaboración de una Ley integral para combatir la trata con fines de explotación sexual”, indica.

Un pacto de Estado en el que, además, se incide en la necesidad de continuar “avanzando hacia un mayor conocimiento de la situación de la trata en España”, mediante la colaboración entre las distintas administraciones implicadas, a fin de procurar una información estadística más amplia sobre esta forma de violencia contra las mujeres, así como la “promoción de investigaciones y estudios que permitan un conocimiento adecuado de esta realidad, favoreciendo la mejora en las actuaciones a llevar a cabo”.

El texto ha sido elaborado a propuesta de los ministerios de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Justicia; Interior y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y en él también ha trabajado la Secretaría de Estado de Igualdad.