Carcedo hizo estas declaraciones durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Senado, y subrayó que “este Ministerio trabaja por la igualdad del 8% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. El anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad ha sido ya analizado por el Consejo de Ministros”.

“Es una reforma que pretende cambiar el actual sistema, en el que predomina la sustitución por orden judicial de la toma de decisiones de personas con discapacidad. Se sustituirá por otro paradigma basado en el respeto a la voluntad y preferencia de estas personas, para que puedan tomar sus propias decisiones”, puntualizó.

En cuanto al II Plan de Accesibilidad, destacó que “este Gobierno trabaja para recuperar la sanidad universal y también defiende la accesibilidad universal como un derecho de la ciudadanía y que afecta no solo a personas con discapacidad, sino también a las personas mayores”.

En la tarea por consolidar el sistema de protección social solicitó la complicidad de los profesionales y la contribución de los investigadores y se mostró dispuesta a intensificar la colaboración con administraciones, sociedad civil, tercer sector y todos los agentes sociales

La ministra también trasladó el compromiso del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con el colectivo de las personas con discapacidad, con las mujeres y con los mayores, así como con la infancia y la juventud.

DEPENDENCIA COMO PRIORIDAD

En su intervención señaló también que “la garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia es una prioridad absoluta para el Gobierno de España”. En este sentido, Carcedo trasladó a la Comisión que el número de personas beneficiarias ha rebasado por primera vez el millón. En concreto, 1.209.000 personas.

Asimismo, la titular de Sanidad solicitó a los senadores su respaldo en la aprobación de los Presupuestos de 2019 para proceder a la recuperación de las cotizaciones sociales de los cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, “que en su mayoría son mujeres”, ya que “si a fecha de 30 de junio de 2012 había casi 180.000 cuidadores familiares, en la actualidad hay menos de 8.000 asegurados”.

Favorecer el envejecimiento activo y promover su participación en la sociedad serán ejes fundamentales canalizados a través de la Estrategia de Personas Mayores y su Buen Trato, aprobada por unanimidad en el Consejo Estatal de Personas Mayores el pasado 30 de noviembre de 2017. “Es voluntad del Gobierno que esta estrategia incluya medidas específicas para el colectivo LGTBI”, añadió.

A todo ello se añade la puesta en marcha de una Estrategia Nacional para Mujeres Mayores Vulnerables y actualizar la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Cronicidad de 2012, otras de las iniciativas presentadas.

INFANCIA

Carcedo también avanzó que el Gobierno está resuelto a impulsar la aprobación urgente de la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, una norma en la que se incluirá el abuso sexual o las nuevas formas de violencia como son el acoso y la violencia ejercida a través de las redes sociales.

En su elaboración, Sanidad trabaja de manera conjunta con los ministerios de Trabajo, Educación, Justicia e Interior, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, la Fiscalía de Menores, administraciones locales y autonómicas, entidades y organizaciones sociales, sociedades científicas y profesionales.

El Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020 será otra de las prioridades sanitarias para abordar problemas como el uso compulsivo de Internet, y se desarrollará el Nuevo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2022.