La primera iniciativa, presentada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) y transaccionada después con el Grupo Socialista, aboga por desarrollar un Plan Nacional Educativo Inclusivo de todas las personas con discapacidad en coordinación con las comunidades autónomas y con expertos de las instituciones concernidas.

Aprobada por unanimidad, pide asegurar que la opinión de los padres se tiene en cuenta a la hora de decidir la modalidad educativa de escolarización, para lograr la máxima calidad en función de las necesidades de los estudiantes.

La segunda proposición fue impulsada por el Grupo Parlamentario Popular y obtuvo 18 votos a favor (del PP, Ciudadanos y UPN), 16 en contra (del PSOE y Unidos Podemos) y una abstención del representante de ERC. Insta al Gobierno a implantar los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una educación de calidad y en equidad a todos los alumnos con discapacidad, ya estén estos escolarizados en centros ordinarios o en Centros de Educación Especial.

Asimismo, pide garantizar el derecho de los padres a elegir la modalidad educativa que desean para sus hijos en el marco de una oferta educativa plural, donde se asegure la plena inclusión educativa tanto en los centros ordinarios como en Centros de Educación Especial. Finalmente, defiende asegurar "la existencia, gratuidad y calidad de los Centros de Educación Especial, tanto en la red pública como en la privada concertada".

DEBATE

En la defensa de su propuesta, la diputada del PP Sandra Moneo expresó su desacuerdo con el informe del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que critica la existencia del modelo de educación especial y acusa a España de "segregar y discriminar a estos alumnos".

"Queremos dejar claro que en España no hay dos sistemas educativos, ni mucho menos uno de primera y otro de segunda. Hay un único modelo que escolariza a todos, donde se puede elegir entre centros ordinarios, centros especiales o aulas específicas en centros ordinarios", dijo Moneo.

Se trata, insistió, de "dar a cada uno aquello que necesita, no de dar a todos lo mismo", y criticó la "alarma social" que ha levantado "este informe, realizado por dos expertos que pasaron 10 días en nuestro país, sin visitar por cierto ningún centro de educación especial". También subrayó que el artículo 29 de la Constitución establece la libertad de enseñanza y de elección de los padres y destacó que "el deber del legislador es defenderlo".

Según la diputada de Ciudadanos Marta Llaguno y el de UPN Íñigo Alli, el Gobierno debe asegurar "los recursos suficientes para garantizar la máxima calidad" del modelo educativo, que pasa por respetar la libertad de las familias.

Para el diputado de ERC Joan Olòriz, "esto es más o menos lo que se está haciendo e intentando, con alguna excepción desgraciada". En cambio, la parlamentaria del PSOE María Aurora Flórez criticó que la propuesta del PP "solo pretende generar polémica a partir de la tan traída y llevada libertad de elección de centro".

"Para estar tan en contra del informe de la ONU, (usted) le da mucho la razón", prosiguió, y este "concluye que ha habido alumnos que han sido segregados del modelo normal" en contra de la voluntad de sus familias. Precisamente, el Comité de la ONU encargó esta investigación a partir de varias denuncias, agregó.

La misma idea expresó la diputada de Unidos Podemos Rosa Ana Alonso, para quien el informe "deja claro que la segregación es una realidad en nuestro país porque nos pongamos como nos pongamos, apartar a un alumno del sistema ordinario es segregarlo".

"Nosotros creemos también que las familias saben mejor que nadie lo que conviene a sus hijos, a nadie le duele más que a una madre tener que elegir entre que tu hija tenga los mejores recursos individuales en un centro apartado de la sociedad" o que asista a clase en un centro normalizado sin los recursos que necesita.

"Con 28 alumnos por profesor en el mejor de los casos y un orientador por cada 500 estudiantes, claro que las familias saben perfectamente qué es lo mejor. Por eso, quieren recursos en el sistema público".