A su juicio, dicha comisión debería estar formada por juristas, representantes de los ministerios de Justicia y de Sanidad, miembros del movimiento asociativo y otros expertos.

“El objetivo al que debemos orientarnos es poner fin” a esta práctica, explicó, pero “creo que habríamos de abordarlo desde el máximo consenso y analizar todas las aristas posibles, igual que se hizo con la reforma de la Ley Electoral para permitir el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual”.

Con ello se daría cumplimiento al mandato de Naciones Unidas y a una antigua reclamación del Cermi y de otras entidades de personas con discapacidad, apuntó.

Según Lima, la discapacidad intelectual ha sido precisamente “la olvidada” en la adaptación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al ordenamiento jurídico español.

“Estamos solucionándolo ahora”, dijo, primero con la reforma del Código Civil y del Penal para poner fin a la incapacitación judicial y reformar las figuras de la tutela y la curatela y luego con la modificación de la Ley Electoral que se aprobará previsiblemente antes de diciembre y que garantiza el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. “La esterilización forzosa es el paso siguiente”, comentó.

Junto a estos objetivos, Lima señaló la educación inclusiva, la accesibilidad universal y la inserción laboral como los grandes retos de su departamento.