Así lo anunció hoy la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en declaraciones a la prensa en el Congreso, en las que se congratuló de que se abra “un gran debate sobre los numerosos problemas que las mujeres” encuentran para conciliar la vida laboral y la familiar.

La ministra enumeró que las mujeres sufren peores cifras de paro, “los trabajos que se feminizan suelen ser en posiciones de contratación ínfimas”, reciben salarios inferiores, “apenas pueden hacer compatible su condición de ciudadanas, de trabajadoras y de madres” y, al final de la vida, reciben menores prestaciones.

Según sus cifras, suelen percibir una pensión un 35% menor producto de haber ejercido su vida laboral con peores contrataciones. “Finalmente las pensiones se convierten en una penalización final de toda su vida”, concluyó Calvo.

La vicepresidenta se congratuló de que pueda tramitarse la proposición de ley socialista por trámite de urgencia, y anunció que España trabaja para llevar parte de su contenido a Europa.

El Gobierno busca impulsar una directiva comunitaria que establezca cuotas obligatorias en el ámbito de los consejos de administración de las empresas en Europa a través de una directiva comunitaria a cuyo impulso, según dijo, ya se han adherido Italia, Portugal, Francia y Finlandia.

“Vamos a hacer una alianza a la que esperamos que se unan otros países para que la normativa comunitaria obligue a la presencia y reparto de poder en el ámbito de las empresas europeas de hombres y mujeres”, refirió, confiada en que también se unan Alemania o Austria. Se trata de una condición que en España ya quedó apuntada en una ley de 2007, aunque no con la obligatoriedad que sí prevé establecer la normativa que esta tarde debatirá el Congreso.