Según informó la Policía, las distintas intervenciones realizadas en el marco de la llamada ‘operación Pandora’ se llevaron a cabo entre los meses de mayo y agosto en 17 provincias de 11 comunidades autónomas.

En concreto, se desarrollaron actuaciones en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora.

Como resultado, se ha destapado un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social cuantificado en torno a los 27.503.000 euros, después de analizar 22 expedientes.

Esta investigación de la Policía ha permitido determinar que los investigados, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, llevaban a cabo una serie de operaciones de ocultación.

OCULTAR BIENES

En unos casos los investigados creaban entramados empresariales en los que la actividad societaria aparece en una u otra mercantil, según convenga, transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora así como los elementos patrimoniales a la no deudora con el fin de continuar la actividad de manera normal.

Algunos implicados también ocultaban bienes, normalmente a través de sucesivas transmisiones en la titularidad que pasan de una empresa a otra, o bien a familiares o personas de confianza de la trama, con el fin de entorpecer la labor recaudatoria.

Otras acciones descubiertas fueron rotura de precintos de bienes embargados; denuncias falsas relacionadas con robos de los bienes embargados; desaparición ‘fortuita’ de bienes embargados; venta en negro de los bienes embargados a terceros de buena fe; o falsificación de certificados de estar al corriente de la obligaciones con la Seguridad Social de empresas con el fin de figurar limpias de deuda ante terceras y poder continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones.

La Policía señaló que uno de los casos más llamativos investigados en la ‘operación Pandora’ se llevó a cabo en Huelva, donde se localizó una sociedad limitada unipersonal dedicada al sector pesquero. Fue constituida en 1999 para la explotación de buques de pesca y desde el año 2012 se convirtió en deudora sistemática a la Seguridad Social al no pagar las cotizaciones de sus marineros.