Según informó el PP, en caso de que Torra no atienda este requerimiento, el Grupo Popular pedirá al Ejecutivo que acuerde con todos los partidos constitucionalistas "las medidas necesarias para obligar al Gobierno de la Generalitat al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales y legales y la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general".

El Grupo Popular canalizará esta iniciativa como moción consecuencia de su interpelación de la semana pasada, y la argumenta desde la percepción de que "el desafío rupturista se mantiene, la convivencia se ha deteriorado y los indicadores económicos son cada vez más negativos", y "la escalada radical de Torra es una realidad constatada, desde sus llamadas a 'atacar al Estado español' hasta sus arengas a los CDR a 'seguir apretando'".

Por todo ello, el PP pretende, con su mayoría absoluta en el Senado, "corregir esta deriva aplicando los mecanismos de los que nos dota la Constitución Española y activando los procedimientos necesarios para asegurar el respeto al orden constitucional y a la legalidad y el restablecimiento de la convivencia y el respeto a todos los catalanes".