Esta es una de las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia celebradas en Burgos. Los magistrados piden que se aseguren los recursos necesarios para seguir cumpliendo con la misión de asegurar “la aplicación de la fuerza razonada del Derecho para defender el orden constitucional”.

Entienden que la crítica a las actuaciones judiciales es “legítima y positiva en una sociedad democrática, siempre que se realice con respeto y ponderación”, porque una “descalificación general, especialmente cuando se efectúa por quienes ejercen cargos públicos”, acaba por desprestigiar a los jueces, deslegitima al Poder Judicial y afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y en el conjunto del sistema democrático.

Por eso, consideran “esencial” que quienes representan a los poderes públicos “actúen con lealtad, favoreciendo la credibilidad en el Poder Judicial y en el resto de las instituciones”.

Los jueces denuncian que la protección judicial de los derechos de los consumidores “se encuentra sumida en una crisis de eficacia por las dificultades en la gestión de los procesos en la jurisdicción civil” y apuestan por solucionar el bloqueo con medidas legislativas específicas.

En esta línea, abogan por ofrecer una “información veraz, neutral, clara, objetiva, responsable y ágil” a los ciudadanos en relación a la protección de datos, así como por reforzar la seguridad judicial electrónica, garantizando en todo caso la custodia y reserva de los datos contenidos en el expediente judicial electrónico.

Proponen también establecer una disposición legal que vincule automáticamente la mejora de los derechos en la función pública a la carrera judicial. Mientras tanto, para paliar esta situación, los presidentes de los TSJ se comprometen a hacer una interpretación favorable de aquellos derechos cuyo reconocimiento está sujeto a su decisión.

Piden también clarificación de las competencias directivas de los secretarios de Gobierno, y acuerdan que la utilización del auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba deberá ser excepcional y requerirá en todo caso su adopción por resolución motivada en la que se justifique la necesidad del exhorto y, en su caso, también la imposibilidad de su realización mediante videoconferencia.

Finalmente, los magistrados constatan la necesidad de una “reflexión profunda sobre el paradigma social desde el que ponderar las exigencias de seguridad y las garantías de privacidad. Como instrumento para contribuir a tal reflexión y mejorar la respuesta de dichas comisiones, dejamos constancia de la utilidad de crear una base de datos que recopile de forma sistemática los informes emitidos por las distintas comisiones territoriales”.