Los recurrentes consideran que se han podido vulnerar sus derechos fundamentales por la actuación de la vía de hecho de la presidenta del Parlament, así como lesionar sus facultades parlamentarias de control e impulso del Gobierno por parte de los diputados autonómicos, al no convocarse las sesiones ordinarias en los días anteriormente citados.

El Tribunal admite a trámite el recurso al apreciar que concurre “una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”.

La providencia requiere al Parlamento de Cataluña para que en un plazo que no exceda de 10 días remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al Acuerdo de la Mesa del día 19 de septiembre de 2017, mediante el que se decidió modificar el acuerdo previamente adoptado el día 18 de septiembre.