En un auto en el que rechaza un recurso de reforma de Villarejo, De Egea señala que continúan vigentes todos los requisitos por los que se acordó la prisión en noviembre del pasado año.

En segundo término, el magistrado destaca, aunque no como razón para acordar la continuación de la prisión, sino como dato que conlleva la dificultad instructora, la “absoluta falta de colaboración del investigado con la instrucción del procedimiento, ante los requerimientos realizados por el juzgado en orden a determinar el riesgo implícito meramente anunciado por el investigado, sobre los archivos de información que dice ser clasificada relativa a la defensa o seguridad nacional, omitiendo los archivos que deberían de ser excluidos del procedimiento así como las razones de ello”.

Villarejo fue detenido el pasado 3 de noviembre y tras prestar declaración el juez le envió a prisión provisional. Desde entonces se encuentra ingresado en la prisión de Estremera. Se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales (en la causa principal), así como por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

La Fiscalía sospecha que Villarejo se sirvió de su condición privilegiada como policía para hacer seguimientos y escuchas ilegales con fines de extorsión, por lo que se han ido abriendo piezas separadas en la causa. La venta de informes de inteligencia está siendo investigada en las dos causas para las que se solicita la reapertura.

Según el juez los indicios racionales de criminalidad continúan existiendo y, de hecho, “han aumentado dichos indicios, así como las imputaciones de comisión de nuevas infracciones penales”.

De Egea indica en el auto que en relación con las últimas grabaciones que se han hecho públicas y que afectan a cargos del Gobierno, el excomisario ha hecho gala de una "absoluta falta de colaboración", sin mencionar que su defensa ha solicitado que sean excluidas del procedimiento sin justificar "las razones de ello".

El instructor recuerda que la causa acumula seis piezas separadas: `Iron´ (sobre el supuesto seguimiento por encargo a la competencia del despacho de abogados Herrero y Asociados), `Land´ (relacionada con las disputas familiares de los herederos de la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón), `Carol´ (sobre las grabaciones de la princesa Corinna, que acusa al rey Juan Carlos de corrupción), `Cooperación Internacional´ (que investiga operaciones para falicitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español) e `Investigación Moncloa.com´ (sobre los audios de los encuentros entre Villarejo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el juez inhabilitado Baltasar Garzón).

Esta misma semana, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la reapertura de las piezas `Iron´ y `Land´, que habían sido archivadas provisionalmente, por el hallazgo de nuevas pruebas. El pasado 21 de septiembre el juez acordó la libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros para Rafael Redondo, que era el socio de Villarejo. La Audiencia Nacional ha cursado comisiones rogatorias recabando documentación a Panamá, Uruguay, Reino Unido, Suiza, Hong Kong, Isla de Man y República Dominicana.