Los autos dictados este viernes impugnan, en concreto, la resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía para el año 2010, a aplicar en el marco del citado real decreto.

Según los autos, la Audiencia Nacional mantiene la suspensión de la obligación de las empresas eléctricas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa) de firmar las cartas de compromiso de compra de carbón en el plazo de tres días.

Los jueces recuerdan que el propio Tribunal Supremo ya reconoció la perentoriedad de este plazo, "teniendo en cuenta la importancia y complejidad de los compromisos que tienen que asumir las centrales". Asimismo, inciden en que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recomendó su ampliación a un mes.

La sala entiende que "procede mantener la medida hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie" y señala que, "en todo caso, las medidas que pueda adoptar" la Audiencia "estarán condicionadas por la decisión que en el momento procesal oportuno pueda adoptar el Tribunal Supremo".

Hace una semana, la Audiencia Nacional admitió la solicitud de medidas cautelarísimas presentada por las empresas de tal modo que esta norma quedó "paralizada". El pasado miércoles, 3 de noviembre, ambas partes se dieron cita en una vista tras la que la Audiencia Nacional ha decidido, este viernes, mantener las citadas medidas, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio señalaron, el pasado viernes, que lo dictado por la Audiencia Nacional "se refiere únicamente a un aspecto menor" (al citado plazo de tres días) y explicaron que la Audiencia no ha paralizado en ningún caso el decreto.

GUERRA A TRES FRENTES

Las compañías Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa están abiertamente en contra del llamado Real Decreto de resolución de restricciones por garantía de suministro y han abierto tres frentes diferentes contra el mismo.

Estas empresas entienden que esta normativa perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado, que quedarían fuera del mercado cuando no hubiera hueco para ellas, dado que el nuevo decreto da prioridad a la entrada de las plantas que consumen carbón español.

Estas compañías, a título siempre individual, han acudido a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo en contra de este decreto. Así, el pasado 7 de octubre presentaron sendos recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Supremo.

Asimismo, el día 18 de octubre abrieron el tercer frente al acudir al Tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, en contra de la decisión de la Comisión Europea de autorizar esta normativa que, a su entender, entraña una ayuda de Estado, incompatible con el derecho comunitario, y daña a sus intereses comerciales.

El pasado miércoles, el tribunal europeo decidió también aplicar medidas cautelarísimas, en este caso contra la decisión de la Comisión Europea de autorizar el decreto (es decir, contra la decisión de Bruselas de declarar compatible con el derecho comunitario el real decreto).

Esto significa que la ejecución de la decisión de Bruselas queda suspendida hasta que Luxemburgo dicte un auto al respecto; algo que podría tardar entre dos o tres meses, aproximadamente, y que podría requerir que, previamente, comparezcan las partes.

En el auto del Tribunal de Luxemburgo, el juez ordena a la Comisión que informe a las autoridades españolas de esta decisión y les solicite la adopción de todas las medidas que sean necesarias para evitar o, en su caso, suspender la aplicación en la práctica del citado real decreto, hasta que el Tribunal se haya pronunciado.