Junts per Catalunya, ERC y Catalunya en Comú sacaron adelante esta doble proposición contradictoria, votando en contra de la suspensión pero a favor de que, mientras continúe la "actual situación jurídica", sus derechos como diputados (básicamente, el voto) podrán ser ejercidos por otro miembro del grupo parlamentario.

Por su parte, la CUP votó en contra de ambos puntos, mientras queCiudadanos, PSC y PP no participaron en la votación por entender que no se puede someter a ella una resolución judicial.

El debate, retrasado por una petición de palabra del portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, pidiendo que los letrados de la Cámara se posicionaran sobre si se puede o no votar una resolución judicial que tenía que haberse aplicado automáticamente, lo inició en nombre de Junts per Catalunya Marta Madrenas.

Madrenas dijo que lo que se debatía es “el meollo de la democracia” y el “respeto a la soberanía del Parlamento” frente a las “injerencias externas” de una Justicia que ve movida por motivos políticos, dejando a España “muy lejos de equipararse con el rsto de democracias de Europa”, puesto que para ella es evidente que no hubo violencia en el proceso de octubre pasado.

En una línea parecida, Gerard Gómez del Moral, de ERC, denunció que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena “se ha inventado una causa contra el independentismo” porque “no hubo violencia por mucho que fuercen el relato”. Además, acusó a los constitutuionalistas de que “lo que no pueden ganar en las urnas lo intentan por otro lado”, y aseguró que defender a los diputados sustituidos es defender a todos los parlamentarios

La presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, comenzó refiriéndose a los tumultos de ayer en la manifestación del aniversario del 1-O. Advirtió al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que sus palabras pidiendo a los CDR que aprieten “le van a perseguir toda la vida”, como sus artículos xenófobos, y de que “parece el cabecilla de un comando separatista violento”.

No obstante, añadió que la votación de hoy le parece “un ataque desde dentro” similar a la democracia, porque no se puede someter a ella una resolución judicial. Finalmente, advirtió de que no existe la figura de la sustitución de un diputado, sino sólo la suspensión o la delegación, y anunció una querella ante los tribunales por esta anomalía.

Desde el PSC, Alicia Romero insistió en que un Parlamento no puede votar una resolución judicial y luego pasó a subrayar que los diputados encarcelados o huidos ya están suspendidos automáticamente desde el 13 de julio, cuando llegó la interlocución de Llarena, y por eso no cobran desde entonces ni se han celebrado plenos. “Vienen ustedes a hacer teatro, a seguir con su relato”, afeó a los independentistas, y les pidió que sean sinceros y acepten que con esta votación estaban acatando la suspensión.

Marta Ribas, de En Comú Podem, defendió su voto a favor de la sustitución de los diputados como una forma de “desencallar la situación de bloqueo” debida a la “interlocutoria injusta” de Llarena pero también a las “desavenencias entre los independentistas”, y dijo que le hubiera gustado que esto se hubiera hecho en julio y no perder tres meses. Además, criticó al PSC por no sumarse a este “voto simbólico” después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiera esta misma mañana en Twitter devolver el poder al Parlamento.

Vidal Aragonés, de la CUP, pidió votar sólo el punto que rechaza la suspensión de los diputados y no el de la sustitución, pues aprobar éste suponía “aceptar la represión del Estado”, algo que indirectamente corroboró Santi Rodríguez, desde el PP, considerando que los diputados “ya están suspendidos” y que los independentistas estarán engañando y engañándose cuando vendan su votación como una rebelión del Parlamento contra la Justicia española.

Ciudadanos y el PSC pidieron que la resolución no se votara por puntos, pues estaba claro que un punto contradecía al anterior, pero el presidente del Parlamento, Roger Torrent, de ERC, mantuvo este tipo de votación. Los diputados de Cs y el PP abandonaron el recinto para no votar una resolución judicial.