El director general del Agua, Manuel Menéndez, hizo estas consideraciones en el VIII Foro de la Economía del Agua, celebrado este jueves en Madrid y que reunió a expertos internacionales de Naciones Unidas y la OCDE, entre otros organismos.

Menéndez subrayó que el precio del agua debería incluir el coste de infraestructuras y el medioambiental. “Actualmente, el precio del agua no tiene en cuenta el coste medioambiental, pero hay que incorporarlo”, recalcó antes de añadir: “Por eso, de conseguir un acuerdo, queremos recuperar la inclusión de un canon ambiental en el agua”.

Por otra parte, Menéndez indicó que el próximo 16 de octubre se reunirá el Consejo Nacional del Agua, para abordar el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, anunciado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en respuesta a la multa millonaria impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE por una deficiente depuración de aguas residuales en varios núcleos urbanos.

Este plan será sometido a diversos procesos de consulta pública. El Ministerio para la Transición Ecológica aspira a que el plan esté definitivamente aprobado a finales de 2019 o comienzos de 2020.

“Queremos incorporar el agua desalada a las fuentes de recursos, especialmente donde hay carencias y unirla con la reutilización, haciendo un mix de diversas fuentes. Esto es un reto, porque la desalación y la reutilización tienen unos costes que es necesario recuperar”, subrayó Menéndez.

El director general del Agua comentó que uno de los grandes retos es reforzar el concepto de “dominio público hidráulico, lo que implica tener un control estricto de las concesiones que están en vigor”. “Tiene que haber un control público de la calidad del servicio”, abundó el responsable ministerial.

Menéndez enlazó este control público con el suministro urbano de agua: “El abastecimiento de agua a las ciudades tiene un componente muy local, así que tiene todo el sentido que sea responsabilidad de los ayuntamientos, que son la administración más cercana. Pero los ayuntamientos tienen que evitar la tentación de hacer política de un servicio. Hay que separar la parte estratégica de planificación de la gestión. La misión de los ayuntamientos es velar porque el servicio funcione bien y se cumplan los objetivos ambientales y promover el ahorro y el buen uso del agua”.

VALOR SUBESTIMADO

Por otro lado, expertos de la ONU y la OCDE alertaron de que el valor económico del agua es “permanentemente subestimado” y cifran en 5,6 billones de euros las necesidades globales de inversión hasta 2030.

El directo académico del Foro de la Economía del Agua, Gonzalo Delacámara, consideró que los desafíos “evidentes” de la gestión del agua tanto para sus usos agrícolas como para sus usos urbanos e industriales hacen necesario “reescribir el contrato social del agua”.

Delacámara sostuvo que este nuevo contrato social que garantice la equidad y sostenibilidad debería articularse sobre los principios de “una mayor y más estricta rendición de cuentas, una regulación mejor frente a la atomizada regulación actual y una mayor eficiencia en el uso de los recursos”.

“Necesitamos avanzar en la gestión de riesgos, no de crisis, con enfoques en la gestión del agua que apunten a lo estructural y no a lo coyuntural”, explicó Delacámara, antes de indicar que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene “una gran oportunidad” para impulsar un modelo de gobernanza del agua basado una mayor participación y colaboración entre la sociedad, el sector público y el privado.