En su carta, SEO también pide al defensor del Pueblo "impulsar el cumplimiento" del Real Decreto 1432/2008 por parte de las administraciones públicas y los propietarios de los tendidos eléctricos.

Esta norma obliga a las administraciones autonómicas a declarar zonas de protección y publicar un listado de tendidos eléctricos "peligrosos", con la finalidad de que se puedan poner en marcha las medidas de corrección por parte de los titulares de los tendidos.

En la actualidad, a SEO/BirdLife solo le consta la publicación de estos listados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, quedando el resto de comunidades autónomas pendientes de su aprobación.

Por ello, la ONG entiende que es "urgente" la aprobación y publicación de dichos listados "tras 10 años de vigencia" de la obligación que impone el real decreto, así como la corrección de dichos tendidos. Además, denuncia que Asturias es la única comunidad autónoma que aún no ha definido las zonas de protección a las que obliga la norma.

Según el Libro Rojo de las Aves de España, la electrocución es una de las principales amenazas para 24 especies de aves, entre las que se encuentran especies en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, el águila azor perdicera o el milano real. Además, según un informe del Ministerio de Transición Ecológica los tendidos eléctricos causan la muerte de, al menos, 33.000 aves rapaces al año (teniendo en cuenta que únicamente se analizaron los datos de 11 comunidades autónomas), generando un coste económico de alrededor de 141 millones de euros, estimado según el método del sistema MORA (Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental).

SEO/BirdLife también ha puesto en conocimiento del defensor del Pueblo las diferentes responsabilidades que tienen los propietarios de los tendidos eléctricos frente a la electrocución y las colisiones, y las posibilidades legales de actuación que tienen las administraciones públicas para exigirlas.

De acuerdo con la organización, las electrocuciones y colisiones de avifauna reiteradas y sin la adopción de medidas de corrección por parte de los titulares, una vez ha sido constatada debidamente la reiteración del daño, pueden suponer infracciones de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y de la legislación de conservación de la naturaleza de las diferentes comunidades autónomas o de la Ley26/2007 de responsabilidad ambiental.

Frente a estas infracciones, SEO/BirdLife cree que es necesario que las distintas comunidades autónomas actúen y abran los correspondientes expedientes administrativos para recuperar y evitar los daños producidos.