Así lo dijo durante una rueda de prensa en Madrid en la que repasó las principales reivindicaciones de su colectivo con motivo del arranque del curso escolar. “Prohibir no es la solución, hay que adaptarse al siglo que vivimos y no dar la espalda a las nuevas tecnologías”, dijo, pidiendo que se eduque “en su uso responsable” y “que sea el Consejo Escolar de cada centro el que, de una manera consensuada, permita o limite su uso en algunos lugares”.

Cardenal también denunció que “no está asegurada la gratuidad de la educación obligatoria” porque las familias tienen que hacer frente a un “desembolso intolerable” para pagar los libros de sus hijos, lo que supone un “copago” a los hogares.

Además, resaltó, “muchos programas que privilegian a la industria del libro por encima de las necesidades pedagógicas del siglo XXI en muchas comunidades autónomas”.

Ceapa también pidió que no se imponga el calendario escolar a las familias y que las jornadas y los horarios “se cumplan para todos”. “Hay comunidades autónomas que en junio y septiembre tienen jornadas reducidas hasta en 1,5 horas menos”, alertó y “muchas” no cumplen el mínimo de 175 días lectivos por curso.

LOMCE

Cardenal aprovechó su intervención para reclamar “más participación” de las familias en la educación y que no se pierda el tiempo para impulsar una nueva ley o, al menos, acabar con los aspectos “más dañinos” de la Lomce, que aún “sigue ahí”. “El tiempo pasa y vemos que muchos aspectos siguen igual”, recordó a Celaá. En opinión de la presidenta de Ceapa “no se avanza” en el consenso para lograr “una nueva ley duradera en el tiempo” que no dependa del gobierno de turno.

Las reivindicaciones de las familias también pasan por que los propios colegios alberguen cocinas para dar servicio de comedor y que en ellos se promueva una “alimentación ecológica” y con productos “de proximidad”.

MENÚS

En este punto Ceapa calcula que el precio medio del menú oscila entre los 3,5 y los 6,5 euros, aunque en algunas comunidades ha aumentado en este curso, precisamente, por fomentar esos servicios “in situ”.

Cardenal también denunció que, como próximamente desvelarán en un informe, que en la red de centros concertados y privados se están dando “situaciones sangrantes” porque hay familias que se ven obligadas a abonar copagos. “La administración tiene que tomar cartas en el asunto, porque no es legal”.

Asimismo, mostró su preocupación por las reválidas, que en principio se mantendrán siguiendo los pasos del gobierno del PP. “Estamos esperando poder decírselo a la ministra, que aún no nos ha recibido”, protestó. “Hasta ahora no nos ha llamado a las familias, que somos parte interesada”, zanjó.