Esta formación planteó estas propuestas de resolución al hilo de las ‘Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. Año 2017’.

ERC solicitó que se cumplan con las propuestas de resolución aprobadas en los últimos cinco años, facilitar a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Jimddu) relacionadas a las autorizaciones y exportaciones realizadas a Arabia Saudí e Irak desde 2015 hasta la fecha con el objetivo de que el Gobierno “rinda cuentas ante el Parlamento y explique detalladamente la evaluación de riesgo, usos y usuarios finales, garantías y otras cuestiones relativas a estas operaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido”.

También aspira a que se denieguen “todas” las autorizaciones para exportar “cualquier tipo” de material de defensa o de doble uso que tengan como destino Arabia Saudí, cualquier país de la coalición en conflicto con Yemen e Irak, así como la revocación “de forma inmediata” de todas las autorizaciones efectuadas, pero no realizadas.

Por último, solicitó cumplir “exhaustivamente” el artículo 8 de la Ley de 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

ERC pone sobre la mesa estas propuestas tras la polémica que se generó después de que el Gobierno decidiera vender a Arabia Saudí 400 bombas de precisión a pesar de que el Ministerio de Defensa anunciara la paralización de la venta ante el temor de que este armamento pueda emplearse en Yemen. Esa decisión también suscitó las protestas de los trabajadores de Navantia ante el temor de que Arabia Saudí cancelara el contrato para construir cinco corbetas.