Según informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado, Andalucía podrá formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda por un importe máximo de 600 millones de euros, mientras que para Madrid el importe máximo es de 503,13 millones.

En el caso de Andalucía, la medida supone el retorno de esta comunidad a los mercados, gracias al acuerdo firmado en julio por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae). Dicho acuerdo estableció un procedimiento para poder combinar la financiación con cargo al Fondo de Financiación a comunidades autónomas con la captación de recursos a través del mercado de capitales y de préstamos bancarios.

El objetivo de este procedimiento, según Hacienda, “es facilitar que aquellas comunidades que se encuentran en una situación financiera más saneada puedan volver a financiarse por sí mismas en el mercado”, de tal forma que se dé un “retorno ordenado” a los mercados de las comunidades autónomas.

En palabras del Ministerio, “esta operación tiene como finalidad completar, junto con la financiación que se prevé obtener con cargo al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a comunidades autónomas, la cobertura de las necesidades de financiación del cuarto trimestre de esta comunidad”.

El Ministerio ve necesario planificar esta salida a través de una estrategia “clara y transparente que conozcan los mercados”. Para ello, en la estrategia de salida se consideran criterios como estar adheridas al compartimento Facilidad Financiera, el cumplimiento del objetivo de déficit, deuda pública y regla de gasto, además de cumplir el periodo medio de pago a proveedores y tener una calificación crediticia con grado de inversión.

Las comunidades que quisieran salir a los mercados en 2018 debían presentar al Ministerio de Hacienda y de Economía y Empresa un Plan Plurianual de Endeudamiento (PPE) antes del 31 de julio, algo que solo hicieron Andalucía y Baleares.

Del mismo modo, las comunidades autónomas adheridas al compartimento de Facilidad Financiera que deseen salir a los mercados a partir del inicio del año 2019 y siguientes deben presentar antes del 30 de noviembre de 2018 al Ministerio de Hacienda el Plan Plurianual de Endeudamiento (PPE) que cubra un período de tres años naturales sucesivos.

En el caso de Madrid, la autorización permitirá a esta región formalizar préstamos por 503,12 millones de euros, correspondientes a la parte de la financiación a largo plazo del objetivo de déficit de 2018, contemplando el endeudamiento formalizado en este ejercicio por esta comunidad para financiar dicho déficit.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también acordó este viernes la autorización a la Comunidad Valenciana para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 300 millones. En este caso, la finalidad es refinanciar diversos préstamos de los mecanismos de financiación del Estado, formalizados durante los ejercicios 2012 y 2013, para conseguir una reducción en sus costes financieros. De esta forma, al ser una refinanciación, las operaciones autorizadas por este acuerdo no supondrán un aumento del endeudamiento financiero de esta región al final del ejercicio.