“No puedo creer que sigamos hablando de esta mierda. Me gusta España, es mi casa y no me voy a ir, pero no me gusta todo; y esto es un problema en este país”, afeó el músico durante su intervención en un acto organizado por Save the Children para reivindicar la urgencia de la ley de protección contra la violencia infantil, que llegará al Congreso de los Diputados en 2019.

Este británico instalado en Madrid se ha convertido en una de las voces más críticas con la escasa protección a los niños y niñas en contextos de violencia infantil, hasta el punto de que el pasado 3 de agosto mantuvo una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle la necesidad de una legislación en este sentido.

Como resultado, la entonces ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón -ahora sustituida por María Luisa Carcedo tras su dimisión por el escándalo de su máster- anunció que esta ley llegará a las Cortes en el segundo trimestre del próximo año. “No es un asunto político, es un asunto humanitario”, defendió hoy Rhodes.

Actualmente, la legislación española permite que los delitos de violación o abusos a menores prescriban pasados 15 años de la mayoría de edad de la víctima, por lo que si antes de los 33 no los denuncia, el abusador no es condenado. “A mí me llevó 20 años comenzar a hablar”, dijo Rhodes en una entrevista con Servimedia sobre el acoso y violaciones de su profesor de gimnasia, que incluso le hicieron pasar por varias cirugías.

“Yo acepto que es muy tarde para mí, pero no para una nueva generación de niños; esa ley puede ayudar a muchos niños”, continuó el músico, que ha relatado sus experiencias y cómo la música le ayudó a lidiar con ello en su libro ‘Instrumental’.

Por eso, las ONG de infancia –entre las que se incluyen Save the Children o la Plataforma de Infancia- exigen que la futura ley ataje la cuestión de las prescripciones de los delitos. Concretamente, según explicó el director de Save the Children en España, Andrés Conde, que prescriban a partir de los 50 años.

“La violencia contra los niños es una realidad absolutamente desatendida en términos de regulación, de hecho no hay ni datos”, reprochó Conde. Las únicas cifras que maneja el Gobierno son las del Ministerio del Interior, que cuentan 4.211 denuncias por violencia sexual contra menores a lo largo del año pasado, un número que es “sólo la punta del iceberg”, según la ONG.

PONER CIFRAS

Por el momento, el Gobierno ya anunció que la futura ley contra la violencia infantil –para cuya tramitación las organizaciones piden celeridad- incorporará la creación de un registro unificado de menores víctimas porque, según dijo entonces la ministra de Sanidad, “debemos cuantificar para que la sociedad tome conciencia de la situación” y conocer “quiénes son los que ejercen esa violencia” contra los niños y niñas.

Otra de las cuestiones que reclaman las ONG para esta ley es la creación de juzgados de instrucción específicos para delitos contra la infancia y una Fiscalía específica para que prime el interés y el testimonio del menor. “Muchas veces el niño tiene que declarar delante de su agresor sexual”, alertó el director de Save the Children.

También demandan educación afectivo sexual en las escuelas y que tanto profesores como personal sanitario estén capacitados para detectar casos de abusos contra menores, así como que existan protocolos en todos los centros escolares. “Hay colegios que los tienen, pero no es obligatorio en nuestro país”, explicó Conde.

Y es que, según los datos que manejan las ONG, sólo el 30% de los casos denunciados por los propios niños llegan a juicio oral, mientras que el resto son desestimadas. Generalmente –según Conde-, por desestimar el testimonio de los niños.

“Es muy difícil hablar por primera vez”, explicó Rhodes a Servimedia, pues “a veces los niños hablan de alguna manera sin usar palabras, se comunican con sus acciones, con sus gestos”. Precisamente por eso, las ONG piden prestar especial atención al testimonio de los menores y dar credibilidad a lo que expresan.

Vicky Bernadet, presidenta de la fundación que lleva su nombre y víctima de abusos en su infancia, exigió al Gobierno “la misma valentía que hemos tenido que tener nosotros para sobrevivir”, al tiempo que defendió la necesidad de proteger a los menores porque “la infancia es nuestro patrimonio, y es de todos”.

Si se cumplen los tiempos comprometidos por el Gobierno, esta ley estará en las Cortes el segundo trimestre del año que viene y atajará las cuestiones que las ONG de infancia ponen sobre la mesa, aunque Rhodes fue más allá de las administraciones y apuntó que “cada persona que no dice nada y no actúa ante los abusos, es cómplice”.