Confirma así la decisión tomada el pasado 21 de junio por la magistrada Carmen Lamela que asumió la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que se oponía a la admisión de la querella al analizar las circunstancias en torno al contrato de ACS y comprobar que no hay ilícitos contra los querellados.

La querella de ODG se dirigía en concreto contra varios ministros de Industria, Fomento y Medio Ambiente como Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Ignasi Nieto, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa, Juan Gabriel Cotino, Florentino Pérez y Recaredo del Potro.

En el auto, Lamela explica que la construcción de las instalaciones de Castor “no responde a una idea aislada ni peregrina, sino que fue acorde con una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, previamente planeada (ya desde el año 2002), antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos, que con los años se compró deficitaria”.

Así, subraya que las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto, y cuyas firmas por los querellados determinan su responsabilidad, a juicio de los querellantes, “no aparece, y tampoco se expone en la querella, que se hayan adoptado al margen de procedimiento establecido”.

Ahora la Sala, indica que el recurso no puede prosperar porque no cabe cuestionar la corrección de errores de una decisión administrativa firme, contenida en un Real Decreto, sobre el que la jurisdicción penal carece de competencia.

Entiende la Sala que no hay indicios de criminalidad en la autorización, suspensión y asignación de indemnizaciones porque se trata de resoluciones administrativas tomadas por gobiernos de distinto signo. Además, explica el auto, “no existen indicios de sobrecoste” y tampoco aprecia prevaricación que “no es lo mismo que una ilegalidad administrativa que una actuación buscada para acordar una actuación injusta".

El proyecto `Castor´ consistía en la construcción de un depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, en aguas territoriales españolas del Mar Mediterráneo. El proyecto se paralizó por la sucesión de movimientos sísmicos en la zona.

El depósito habría sido el quinto y más grande de los existentes o planificados en España, creado para suplir la demanda energética española de gas natural en caso de escasez o cese de las importaciones. El proyecto `Castor´ estaba previsto para almacenar un máximo de 1.900 millones de metros cúbicos de gas natural, suficiente para suministrar el equivalente a 50 días de consumo en España. Fue aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo ministro de Industria Miguel Sebastián, por el Real Decreto de 16 de mayo de 2008.

Comenzó sus operaciones en mayo de 2012, dando inicio el 10 de abril de 2012 la primera inyección de gas. El proyecto era propiedad de la empresa Escal UGS (participada en un 66,67% por ACS). Se paralizó en 2014, tras registrarse una sucesión de seísmos de baja magnitud en las provincias de Castellón y Tarragona.

Finalmente el proyecto cesó actividades en septiembre de 2013 y fue liquidado a finales de 2014, cuando el gobierno puso fin a la concesión, revirtió al Estado la licencia de explotación del almacén de gas Castor e indemnizó a la empresa con 1.350 millones de euros.