En este sentido, Rodríguez anunció que, dentro de la reforma de estas políticas, el Ejecutivo establecerá una carta de servicios común y una estrategia nacional que garantice que la atención a los parados "no sea diferente" en una comunidad que en otra.

No obstante, aclaró que, una vez establecida esta carta y la estrategia común, "cada comunidad tendrá libertad para fijar sus propias políticas", las que "se ajusten mejor a sus necesidades".

Así, recordó que en esta materia el Estado tiene la competencia normativa, pero son las autonomías las que realizan la "ejecución" de estas políticas.

Sobre esta reforma, la nueva secretaria de Estado explicó que "no puede ser cortoplacista" ya que debe preparar a los trabajadores y a los desempleados a las necesidades del nuevo modelo productivo.

Sin embargo, apuntó que también debe servir para facilitar la búsqueda de un empleo a los actuales parados.

Por otro lado, Rodríguez destacó la importancia de la reforma de la negociación colectiva, en la que el Gobierno quiere "impulsar el diálogo bipartito" entre sindicatos y empresarios para tratar de que alcancen un acuerdo.

No obstante, dejó claro que el Ejecutivo "no va a renunciar a gobernar" si los agentes sociales no se ponen de acuerdo, pero aseguró que "hay que darles una oportunidad".

En este sentido, Rodríguez afirmó que para trabajar en la recuperación del empleo es "esencial volver a tejer las redes del diálogo social", que es "la forma más transparente, democrática y participativa de hacer política".

"No va a ser sencillo", admitió, "pero es muy importante que las reformas se tiñan de los colores, a veces contrapuestos, de aquellos a los que se dirigen".

La secretaria de Estado habló también sobre algunos aspectos de la reforma del mercado de trabajo, como la intermediación laboral. En este sentido, afirmó que "será necesario conjugar los intereses de las agencias privadas y de los servicios públicos de empleo".

Por esta razón, subrayó que la entrada de las agencias privadas en la intermediación de algunos sectores en los que hasta ahora estaba vetada, "debe estar precedido por el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo".

Así, dejó claro que la actuación de estas agencias debe ser "complementaria" a las de los servicios públicos, y no "una alternativa".