De esta manera, el Gobierno pretende adecuar los precios máximos de vivienda de protección oficial al coste real de construcción y que la vivienda en venta sea autosuficiente y no consuma recursos públicos, para que éstos se puedan dirigir a configurar un parque en alquiler amplio y estable, tal y como fue acordado por el Pacto Social por la Vivienda que fue suscrito en junio por 75 entidades sociales, entre los que se encontraban asociaciones de vecinos, de personas mayores, de consumidores, de familias numerosas, entidades económicas y financieras, etc.

Asimismo, se regulan a la baja los precios máximos de alquiler, adaptándolos a las condiciones actuales de mercado y buscando unos precios "más accesibles", con la idea de que el esfuerzo financiero para el acceso en alquiler sea "sustancialmente menor" que el de la compra y cumplir así también unA de las metas principales que se fijó el Pacto Social.

Además, se establece por primera vez un precio diferente para las viviendas en derecho de superficie y en plena propiedad y se regulan mecanismos de depreciación de las viviendas en derecho de superficie.

El Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, dispone que los precios máximos en primeras, y segundas y posteriores transmisiones de viviendas de protección oficial, se calcularán multiplicando la superficie útil de la vivienda o anejo de que se trate por una cantidad que se determinará mediante orden del consejero de Vivienda del Gobierno Vasco en función del tipo de vivienda y del municipio donde se encuentren.

Del mismo modo, se señala que las órdenes de precios regularán las rentas máximas aplicables a los contratos de arrendamiento.

En su acuerdo de hoy, el Gobierno vasco considera que dado el tiempo transcurrido desde la regulación anterior, es preciso actualizar los precios para adecuarlos a las circunstancias actuales de las viviendas de protección oficial, considerando además que la Comunidad Autónoma Vasca tiene el precio de vivienda libre más alto del Estado, pero es también la comunidad en que el diferencial entre la protegida y la libre es menor, según los últimos datos del tercer trimestre de 2010 facilitados por el Ministerio de Vivienda.