Así lo refleja este informe anual presentado este lunes por la fiscal general del Estado, María José Segarra, en la apertura del Año Judicial. En el ejercicio 2017, indica, se presentaron 76.260 escritos de acusación, y recayeron 81.951 sentencias condenatorias. Estas cifras suponen el 29% y el 32%, respectivamente, del total de acusaciones y sentencias por cualquier clase de delito. Es decir, una de cada tres acusaciones y sentencias se formula por delitos contra la seguridad vial. El 81% de las acusaciones se presentan en el Juzgado de Guardia, en el marco de las diligencias urgentes de juicio rápido.

Según el ministerio público, en los últimos tres años se observa el mantenimiento del ligero repunte experimentado en los datos registrados sobre siniestralidad vial, en comparación con los años anteriores. Los datos son, sin embargo, “manifiestamente mejorables”.

Las reformas normativas y las campañas de concienciación, dice la Memoria, han contribuido de forma decisiva a frenar el crecimiento de este tipo de infracciones. No obstante, todavía está pendiente el tratamiento científico de los factores de siniestralidad y la incidencia de la utilización del automóvil en el parámetro del número de accidentes por kilómetros recorridos.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado reclama que el Parlamento inicie los trabajos para alcanzar un compromiso de futuro por la tolerancia, la convivencia en las vías públicas y el bienestar y modelo de ciudad que se desea, que incluya propuestas concretas en la estrategia de movilidad sostenible.