Así lo explica en el apartado dedicado a la protección procesal de las víctimas que el ministerio público tiene encomendada. Se trata por tanto de una “vocación” de la Fiscalía y de un compromiso legal en la que intervienen todos los fiscales con la utilización, por ejemplo, de los mecanismos procesales de prueba anticipada, el acompañamiento de la víctima o las medidas de protección de testigos.

Sin embargo, los recursos no son suficientes y el ministerio público llama la atención sobre la necesidad de que las Administraciones Públicas impulsen la creación y la dotación de medios a las Oficinas de Asistencia previstas en la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, para que con la suscripción de los convenios oportunos se implanten herramientas eficaces de justicia restaurativa, y particularmente, de mediación penal.

En el caso de los menores, la Memoria destaca la reducción del 1,25% en la incoación de diligencias preliminares durante el año 2017, que debe ser considerada como un simple ajuste de los parámetros de registro.

Los datos más relevantes son el nuevo aumento en la incoación de expedientes de reforma (28.284 frente a los 27.279 del año 2016), lo que supone un incremento del 3,68%; en los escritos de alegaciones, con un aumento del 9,99% hasta alcanzar los 18.133, y en las sentencias dictadas por los Juzgados de Menores, que se incrementaron en un 10,88%.

“Particularmente inquietante” es para la Fiscalía el mantenimiento de la tendencia alcista en los asuntos de violencia doméstica hacia los ascendientes y hermanos, que ha experimentado un incremento del 7,11%, que no hace pensar en una solución a corto plazo de hechos que son “consecuencia de una crisis profunda en las pautas educativas y en los roles paterno filiales”.

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, las agresiones sexuales disminuyen ligeramente de las 476 de 2016 las 451 en 2017. Sin embargo, los abusos sexuales aumentan significativamente pasando de 795 en 2016 a 935 en 2017, como consecuencia de la modificación legal que incrementó de 13 a 16 años la edad para prestar el libre consentimiento en las relaciones sexuales.

En todo caso, llama la atención la incidencia en el número de delitos de naturaleza sexual unida al uso inadecuado de las redes sociales, fenómenos que a veces van de la mano y que, en otras ocasiones, denotan la pervivencia de estereotipos machistas que debieran haberse superado.

Es necesario que los recursos públicos estén orientados hacia la transmisión de una cultura sobre la conciencia de la intimidad, de la libre sexualidad y de la dignidad de la otra persona por el mero hecho de serlo, que fomente la verdadera empatía como forma de resolución de los conflictos, y que permita a los adultos del mañana organizar la estructura social sobre la base de los principios de libertad e igualdad que han permitido el desarrollo progresivo de la humanidad, concluye la Memoria.