Así lo anunció el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tras la reunión que mantuvieron este jueves en Madrid el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, y la consejera de Presidencia y portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Elsa Artadi.

La reunión se convocó en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Comisión Bilateral Generalitat- Estado celebrada en Barcelona el pasado día 1 de agosto, que preveían activar varios mecanismos de diálogo a partir de los primeros días de septiembre.

El objetivo del encuentro era actualizar la agenda de asuntos en materia de conflictividad ante el Tribunal Constitucional y traspasos a la Generalitat, puesto que, según el Ministerio, "los siete años pasados sin contactos al efecto habían convertido en obsoleta buena parte de la agenda del año 2011".

El desistimiento del recurso lo justificó este departamento señalando en un comunicado que la convalidación esta tarde en el Congreso del Real Decreto–ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, "que concretó el compromiso del Gobierno de restablecer el carácter universal de los servicios públicos de salud, modifica el alcance de la normativa básica y permite que la norma catalana impugnada resulte acorde con su marco estatal básico".

"En consecuencia", añadió, "resulta adecuado proceder al desistimiento en el recurso de inconstitucionalidad presentado en su momento, y el Gobierno pone en marcha los procedimientos y trámites para la formalización de tal desistimiento por el Consejo de Ministros".

Durante la reunión también se examinaron otros recursos "cruzados" entre ambas partes, "discriminando qué asuntos podían ser abordados con mejores perspectivas de revisión total o parcial por la existencia de nueva jurisprudencia constitucional o por apertura a cambios normativos por alguna de las partes".

En materia de traspasos, ambas administraciones revisaron los asuntos propuestos por la Generalitat para incorporar nuevas materias a la agenda bilateral y se comprometieron a facilitar los fundamentos jurídicos de cada petición y a establecer las conversaciones correspondientes con los departamentos sectoriales de ambos gobiernos.

Mañana, los equipos de la Secretaría de Estado y de la Consejería continuarán analizando en una reunión los asuntos y desarrollando los acuerdos de esta reunión "de perfil político y perfilando los aspectos técnicos en ambos campos".