Así se desprende del informe 'Los comedores escolares en España. Del diagnóstico a las propuestas de mejora', elaborado por Carro de Combate, Del Campo al Cole y SEO/Birdlife, con la colaboración de Ceapa y el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y en el que se asegura que la Administración pública "ha dejado de ser responsable directa de lo que se sirve en los comedores escolares", según lamentó este jueves Andrés Muñoz, coordinador del informe y de la organización Del Campo al Cole.

Muñoz lamentó la "oligopolización" del servicio, en manos de cuatro grandes empresas del sector de la restauración colectiva, que controlan el 58% mercado que deriva, además, en una "mala calidad alimentaria en el que se impone la línea fría con la introducción de alimentos de cuarta y quinta gama", que, según los impulsores del informe, pueden quedar almacenados hasta 10 días antes de ser servidos.

"Un sistema insostenible medioambientalmente y que no obedece a ninguna necesidad ni de los centros, ni de la comunidad escolar ni de los niños, solo al interés por maximizar el beneficio empresarial", criticó, al tiempo que aseveró que la consolidación de este sistema ha sido posible merced a las regulaciones normativas y procesos de licitación impulsados por las comunidades autónomas, que él considera las "grandes resonsbales de la imposición de este modelo, insostenible a todas luces, que sufrimos en los comedores escolares".

A este respecto, instó a la administración pública a operar con "más transparencia" en este sector y a que asuma "su responsabilidad" a la hora de "reglar y gestionar" este servicio "en beneficio de las familias de los niños" y para que su coste, cuyo máximo oscila entre los 3,5 euros de La Rioja y los 10,89 de Navarra, "no sea una barrera par aque las familias puedan acceder a él".

"Tiene que aportar recursos para que el comedor no solo sea costeado por la familia y para mejorar la calidad de los productos que se sirven y las condiciones de los trabajadores", insistió, al tiempo que subrayó cómo, al menos 298.066 estudiantes recibieron becas de comedor en las doce comunidades cuyos datos se reflejan en este informe, junto a Ceuta y Melilla.

A su juicio, la nueva Ley de Contratación Pública es una "ventana de oportunidad para revertir el modelo" al introducir en los procesos de licitación criterios sociales y ambientales todo ello con el fin último de "dignificar de nuevo el comedor escolar", un espacio en el que, advirtió, "no solo se come, sino que debe ser un espacio educativo más porque la alimentación es un eje transversal".

Como ejemplo, expuso el caso de Castilla y León, que, a su entender, sufre la "situación más extrema", ya que no existe gestión directa por parte de la administración y el servicio de comedor está "totalmente externalizado" y en manos de cinco empresas.

En el lado opuesto estaría Galicia, cuya red de centros públicos tienen, "en su mayor parte", cocina 'in situ' y un mayor porcentaje de gestión directa, ya que la normativa "permite que otras entidades como los ayuntamientos gestionen los comedores", una opción que repercute en un modelo "de proximidad, de cercanía".

Por su parte, Victoria León, representante de la comisión de comedores de Ceapa también abogó por que la administración pública "implemente y suplemente" medidas "para llegar adonde las familias no llegamos", así como para mejorar la transparencia en la gestión de esta prestación y la participación de los centros y las familias hasta alcanzar un modelo de gestión "más próximo, con productos más frescos y menos procesados", ya que, según precisó, "no se puede jugar con la salud de los niños".

Finalmente, desde SEO/Birdlife, la responsable del área de Alimentación y Agricultura, Inés Jordana, cuestionó el sistema de línea de frío por el coste ambiental que supone, derivado del gasto energético necesario para sostenerlo y se preguntó por el tipo de compra que se realiza en torno al mismo, así como el modo de gestionar los residuos o las estrategias para minimizar la huella de carbono.

Jordana defendió, recordó, asimismo, que los centros escolares "son lugares donde, con mayor altavoz, debemos luchar para que tengan productos que permitan dietas saludables, sanas, equilibradas y también equilibradas con el medio ambiente en el que se han producido los alimentos", por lo que apostó por introducir "criterios ecológicos" en todo el proceso para que los alumnos "sepan qué consumen y sean partícipes del servicio".