En concreto, en lo relativo a la obligatoriedad de aplicar las medidas del Código de Buenas Prácticas desde que el cliente acredita encontrarse en una determinada situación económica de dificultad, según informa este el Banco de España en su página web.

La multa, recogida en una resolución del Consejo de Gobierno del Banco de España, es de 485.000 euros.

Dicha sanción, si bien es firme en vía administrativa, se encuentra recurrida en vía judicial.