Esta organización considera que la agresión sufrida por esta mujer "debe de ser el punto final de la escalada de violencia y agresiones, de cualquier signo y orientación, que se está produciendo con motivo de la crisis catalana".

"Si bien es clara la afirmación de la Fiscal General del Estado de que “poner o quitar lazos amarillos no es un delito”, obviando otro tipo de ilícitos normativos como la ocupación de espacios públicos, se evidencia que no se está evitando una escalada en la agresividad y hechos violentos al respecto, alimentados desde mensajes emitidos en redes sociales, medios e incluso portavoces políticos", sostiene Movimiento contra la Intolerancia.

Por todo esto solicita a "la Fiscalía General y a los Fiscales de Delitos de Odio que intervengan de oficio ante los hechos que lleguen a su conocimiento, dado que muchas víctimas por temor a represalias pueden no denunciar los mismos, aún siendo perjudicados. Y a todos los medios de comunicación, partidos políticos y sociedad civil, les pedimos la condena ética y cívica, sin ninguna razón que tienda a justificar, la condena más absoluta de la violencia y de los delitos de odio, independientemente de quien los realice y donde se produzcan. La convivencia democrática depende de la no abdicación del Estado de Derecho y de la no indiferencia del conjunto de la sociedad".