En declaraciones a Servimedia, Maleno precisó que este tipo de centros entra dentro del “control del movimiento migratorio” y diversas plataformas llevan tiempo exigiendo su cierre, porque "son centros para después efectuar devoluciones a sus países de origen pero el porcentaje de las personas que se devuelven es pequeño”.

A este respecto, se preguntó “por qué una persona por no estar en situación administrativa regular tiene que estar privada de libertad “. “Ésa es la gran pregunta”, se cuestionó, para, a continuación, añadir que el paso por este tipo de instalaciones “causa un daño y una sensación en la persona de que es una criminal y en el imaginario exterior facilita la criminalización de personas que simplemente buscan una vida mejor”.

Tras aseverar que las condiciones en el interior de estos centros “son malas en general”, con ejemplos como el de La Piñera, en Algeciras, que calificó de “verdaderamente repugnante”.

POCOS PARA MUJERES

En España existen siete CIE, ubicados, además, en Barcelona, Las Palmas, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia, y de ellos, hay muy pocos destinados a mujeres, cuya situación también lamentó la activista.

A su entender, en ellos los internos viven situaciones “que provocan un shock muy fuerte” e hizo hincapié en el caso de las mujeres, cuyas historias definió como “terribles”, ya que, según contó, ha habido casos de mujeres detenidas “mientras iban a buscar a su hijo al colegio”. “Estaban en situación administrativa irregular, acabaron en un CIE y no pudieron llegar ni a recoger a su hijo al colegio”, criticó.

Según informa el Ministerio del Interior, una vez incoado expediente sancionador en el que pueda proponerse la expulsión de una persona en situación irregular del territorio español, el instructor podrá solicitar al juez de instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento,en tanto se realiza la tramitación de dicho expediente.