La UPF señaló en un comunicado que “siempre ha creído en la necesidad de que las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobadas por el Congreso y el Senado en septiembre del pasado año, fueran urgentemente implementadas”.

Para ello, reclamaron la necesidad de una reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Desde UPF denunciaron también la legislación autonómica existente en la acreditación de la situación de violencia de género, y reclamaron una legislación estatal que “resulta imprescindible para lograr la necesaria armonización y evitar diferencias de trato que deriven en la existencia de víctimas de primera y de segunda e, incluso, en situaciones de desprotección en caso de cambio de residencia”.

Recordaron, además, la modificación introducida en el artículo 156 del Código Civil, señalando “la importancia de hacer primar el superior interés del menor, evitando que el progenitor condenado o investigado por alguno de los delitos contemplados pueda obstaculizar la prestación de la necesaria asistencia psicológica a sus hijos e hijas menores, abocando a la víctima a acudir a un nuevo procedimiento judicial”.

Asimismo, reclamaron la importancia de “dotar a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal de los medios suficientes para otorgar una respuesta penal ágil, contundente, y eficaz”.