El Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura que se pretende que sea un actuación “garantista”, en el que las partes puedan alegar y que evite impugnaciones legales.

Por eso, el Consejo de Ministros dará luz verde este viernes a un real decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en diciembre de 2007.

El objetivo es ampliar derechos y establecer medidas "a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil español y la dictadura". Todas las medidas entrarán en vigor mañana sábado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero la exhumación de Franco tendrá que esperar.

Debido a la trascendencia que el Gobierno da al asunto, los detalles sobre el decreto ley los explicará mañana la vicepresidenta Carmen Calvo, quien sustituirá así a la portavoz Isabel Celaá, que es la que da cuenta semanalmente de los acuerdos del Gabinete de Pedro Sánchez.

Además, el Consejo de Ministros será casi en exclusiva sobre el asunto de la exhumación de los restos de Franco, asunto que el Ejecutivo quiere que empiece ya a tramitarse, aunque asume que la solución no será inmediata.

ALEGACIONES DE LA FAMILIA

El Gobierno entiende que la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos no se producirá en las próximas semanas ni siquiera en septiembre, ya que es una cuestión que deberá tener su tramitación legal y parlamentaria.

Así, el Gabinete de Sánchez lo que aprobará este viernes es un decreto ley que modificará la Ley de Memoria Histórica, con el fin de que la familia de Franco no tenga la última palabra sobre la salida de los restos del anterior jefe del Estado del Valle de los Caídos.

En este largo trámite administrativo hasta que se consume la exhumación se permitirá alegar a la familia de Franco, a la abadía del Valle de los Caídos y a instituciones como la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias de la materia, y al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde está el complejo funerario.