El director general de Save the Children, Andrés Conde, considera “necesario que la justicia actúe para enviar un mensaje al mundo que asegure que no volverán a repetirse crímenes tan graves como los que ha vivido el pueblo rohingya, especialmente los niños”.

En este sentido, instó al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, a que el Gobierno de España promueva acciones para “asegurar la investigación”, por parte de una instancia internacional e independiente, de los crímenes cometidos en Myanmar y que los responsables de estas atrocidades “rindan cuentas ante la justicia internacional”.

Desde el comienzo de la escalada de violencia que tuvo lugar en Myanmar contra el pueblo rohingya y, como consecuencia de las persecuciones, asesinatos y violaciones que se produjeron, más de 700.000 rohingya, la mitad niños, han huido a Bangladesh.

A pesar de la gravedad de este episodio violento, que, subrayó Save the Children,”ha llegado a describirse como limpieza étnica, crimen contra la humanidad e incluso como un posible genocidio”, han sido siete los soldados que han respondido ante la justicia por los crímenes cometidos en Myanmar desde el 25 de agosto del pasado año.

Según informó la ONG, las condiciones de vida del campo de refugiados de Cox´s Bazar se han agravado con la llegada de las lluvias del monzón de las últimas semanas y tampoco existen condiciones de seguridad que permitan a los rohingya regresar a sus poblaciones en Myanmar.

En la actualidad hay más de 6.000 niños rohingya no acompañados que viven en Cox's Bazar separados de sus familias, donde, según denunció la ONG, se enfrentan a una grave escasez de alimentos y corren un mayor riesgo de explotación y abuso.

Uno de cada dos menores de los que llegaron huyendo a Bangladesh sin sus padres quedó huérfano debido a la violencia que se vivió en Myanmar.