Según el Cermi, este informe “responde con objetividad y conocimiento de causa a las incisivas preguntas de Naciones Unidas” y refleja, “con datos acreditados y fidedignos, el estado estructural y sistémico de las violaciones de derechos humanos que sufren las personas con discapacidad en España”.

Señaló “los enormes déficits que el Estado consiente diez años después de la entrada en vigor del tratado internacional”, prosigue el Cermi, para quien la información oficial “edulcora la realidad, adolece casi siempre de triunfalismo y no ofrece una imagen fiel de la preocupante situación de los derechos de las personas con discapacidad”.

Este informe de Cermi se presenta de forma alternativa al elaborado por el estado español, donde el Ejecutivo daba respuestas a los requerimientos que el Comité de la ONU dirigió a España como Estado parte respecto de la efectividad y cumplimiento de la Convención.