Villarejo fue detenido el pasado 3 de noviembre y tras prestar declaración el juez le envió a prisión provisional. Desde entonces se encuentra ingresado en la prisión de Estremera. El abogado Rafael Redondo, considerado su socio por el juez, podrá salir de prisión si logra reunir la fianza y depositarla antes de una semana.

En relación a Villarejo, el juez argumenta que se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, y blanqueo de capitales (en la causa principal), así como por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

Añade que, de las indagaciones, resulta que su actuación era principal o medular, en el desarrollo de una organización que realizaba informes de consultoría, inteligencia, vigilancia, y recibiendo como contraprestación fondos de los clientes, dinero que pudo tener un recorrido ilícito tras varias operaciones bancarias en Uruguay o Panamá. En el auto conocido este lunes el juez estima que Villarejo habría facturado un total de 5,5 millones de euros por la venta de informes de supuesto asesoramiento.

Por ello, el juez cree que la prisión incondicional resulta para él “absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos y a las penas que se pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria”, de modo que no ha disminuido el riesgo de fuga, máxime con los activos patrimoniales de gran valor que tiene en el extranjero.

Sobre Rafael Redondo, el juez De Egea explica que se le investiga como coautor de delitos de blanqueo y pertenencia a organización criminal, y considera que en este momento es proporcional mantener su situación de prisión, pero eludible con fianza de un millón de euros.

El magistrado también ha acordado el levantamiento del sumario de tres de la piezas en las que está dividida esta causa. Se trata de la pieza principal, conocida como `King´, la pieza denominada `Land´ y la conocida como `Pintor´ en la que también están siendo investigados el marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana y su hermano.

El empresario Juan Muñoz Tamara, su hermano, Fernando, y sus dos abogados, detenidos el pasado 31 de julio dentro de la pieza `Pintor´ de la 'Operación Tándem', quedaron en libertad tras declarar el 2 de agosto ante el juez Diego de Egea, que les investiga por presuntos delitos de extorsión, descubrimiento y revelación de secretos al contratar al excomisario José Manuel Villarejo para intentar cobrar una deuda.

En esa comparecencia se trató de dilucidar si el excomisaro Villarejo fue requerido por los hermanos para que buscara la manera de cobrar a un empresario que les debía dinero. Como prueba, la Fiscalía aportó una grabación de la reunión en la que los empresarios hablan con Villarejo del asunto y éste les ofrece un vídeo con el supuesto fin de chantajear a una tercera persona para lograr el cobro.

El juez mantiene el secreto del sumario para la pieza `Iron´ y para la bautizada como `Carol´, en la que se investiga la veracidad de una grabación en la que la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se queja de que el rey Juan Carlos le usó para ocultar dinero en el extranjero. Además, lo mantiene sobre otra tercera pieza que incluye las comisiones rogatorias solicitadas a otros países para recabar información.

La investigación sobre la `Operación Tandem´ se va complicando. Con la aparición de nuevos indicios de que Villarejo se sirvió de su condición privilegiada como policía para hacer seguimientos y escuchas ilegales con fines de extorsión se han ido abriendo piezas separadas en la causa. La venta de informes de inteligencia está siendo investigada en las causas `King´, `Iron´ y `Land´.

La Fiscalía Anticorrupción cree que el comisario jubilado compaginó su labor policial con sus negocios privados sin haber solicitado la compatibilidad e incumpliendo la normativa. El juez considera destaca en sus autos la “intervención medular” de Villarejo en la comisión de las presuntas actividades ilícitas, investigadas a raíz de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado sostiene que desde 2012, Villarejo fue contratado por distintos clientes para que realizada informes de inteligencia, seguimientos y escuchas a distintas personas para después utilizar su contenido “en el ámbito de luchas personales”. Y eso lo hacía con métodos ilegales y valiéndose de su condición de policía, a cambio de importantes sumas de dinero.

El instrucción considera que hay indicios de que el excomisario realizó al menos tres informes. El primero de ellos destinado a desacreditar a un familiar del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang (`King´). El segundo sobre el presunto clonado del servidor por parte de un grupo de abogados para tener la base de datos de clientes del despacho del que se marcharon para abrir un despacho competidor, el bufete Balder IP Law (`Iron´) y el último relativo un informe encargado por la hija del promotor de la exclusiva urbanización madrileña La Finca, Susana García-Cereceda, que le pidió que investigara a otros miembros de la familia con los que estaba en lucha por la herencia millonaria del patriarca (`Land´).