La Fiscalía no ha solicitado prisión para ninguno de ellos. El magistrado ha acordado la libertad sin medidas cautelares para Juan Muñoz, mientras que para su hermano y para los dos abogados detenidos con ellos establece libertad provisional con comparecencias mensuales y prohibición de salir de territorio nacional, con la obligación de comunicarlo al juzgado en caso de que necesiten abandonar el país.

El empresario se manifestó "contento" ante los periodistas tras haber concluido la declaración y haber podido "colaborar" con la Justicia. Ante la pregunta de si le parece desproporcionada su detención para quedar después en libertad por decisión del juez, respondió que "totalmente".

La Fiscalía sospecha que el excomisaro Villarejo, en prisión desde el pasado mes de noviembre por su implicación en la 'operación Tandem', fue requerido por los hermanos para que buscara la manera de cobrar a un empresario que les debía dinero. Como prueba, ha aportado una grabación de la reunión en la que los empresarios hablan con Villarejo del asunto y éste les ofrece un vídeo con el supuesto fin de chantajear a una tercera persona para lograr el cobro.

El primero en comparecer ante el juez este jueves ha sido Villarejo que, trasladado desde la prisión de Estremera, se ha negado a responder. A continuación ha declarado uno de los abogados, que ha negado cualquier ilícito penal en su actuación. Su abogado en esta causa ha asegurado que fue el excomisario el que se dirigió a los empresarios para ofrecerles sus servicios.

Pese a que en un principio, las informaciones indicaban que sólo eran tres los detenidos, este jueves se ha conocido que las personas arrestadas fueron cuatro. El cuarto era el abogado de uno de los hermanos Muñoz, que al comparecer en comisaría para asistir a su cliente resultó detenido también. Las declaraciones se han prolongado durante más de seis horas.

También estaba citado a declarar el abogado del comisario jubilado, Rafael Redondo, que al igual que Villarejo se ha negado a declarar. Ambos son los principales investigados en el 'caso Tándem', dividido en varias piezas separadas que están declaradas secretas. Ésta en la que se investiga a Muñoz es la sexta, denominada 'Proyecto Pintor', dentro de la cual se realizaron siete registros en locales y domicilios de Marbella, Sotogrande y Madrid.

Villarejo está siendo investigado por su participación en una presunta red corrupta de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal en la que participaban varios policías con Villarejo a la cabeza. Y ahora está también imputado en esta pieza por extorsión, descubrimiento y revelación de secretos, al igual que los empresarios y sus abogados.

Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano han interrogado a los investigados sobre la supuesta contratación de los servicios de Villarejo para hacer seguimientos ilegales a un abogado y sobre si tenían conocimiento de los métodos presuntamente al margen de la ley empleados por el excomisario.

En el interrogatorio se ha desvelado que el supuesto chantaje se hizo sobre el exjuez suspendido por cohecho y prevaricación Francisco Javier de Urquía, que instruyó la investigación del 'caso Malaya' de corrupción y que ahora es el abogado del empresario deudor. Los hermanos Muñoz se habrían dirigido a Villarejo para pedirle que hiciera un informe patrimonial sobre el empresario que les debía dinero.

En la reunión celebrada entre el excomisario, los empresarios y sus abogados, Villarejo no les entrega ese informe, pero les ofrece un vídeo en el que el Urquía aparece junto a otro hombre y dos prostitutas consumiendo cocaína. Según el letrado de uno de los detenidos, el contenido de esta grabación ya había sido relatado por una de las protagonistas en el curso del juicio 'Ballena Blanca', aunque nunca se llegó a ver.

POLÉMICO JUEZ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió al juez de Marbella Francisco Javier de Urquía Peña el 6 de julio de 2007 tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había abierto una investigación contra él por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

El que fuera instructor de la 'operación Malaya' contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella favoreció al exgerente de Urbanismo del consistorio Juan Antonio Roca, que más tarde fue condenado por el saqueo de las arcas públicas municipales a más de 30 años de cárcel de los que en marzo pasado cumplió 12 antes de acceder al tercer grado penitenciario.

El exjuez comenzó a partir de su suspensión a ejercer como abogado, y aunque solicitó el reingreso a la carrera judicial en 2009, le fue denegado y siguió con su labor como letrado en el despacho De Urquía Abogados, que fundó tras su salida de la judicatura. Urquía habría cobrado sobornos de 73.800 euros de Roca a cambio de favorecerle durante la instrucción.

El día de la detención de los hermanos Muñoz, el magistrado acordó el archivo provisional de otras dos piezas asociadas al 'caso Tándem' para empresarios que habrían contratado a Villarejo en contra del criterio de la Fiscalía. La primera tiene que ver con el encargo hecho por el bufete de abogados Herrero y Asociados al comisario para investigar a un despacho rival. La segunda con la elaboración de un informe para la familia promotora de la urbanización La Finca de Madrid.