En el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, la magistrada entiende que los hechos, una vez finalizada la instrucción, son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social.

El procedimiento se dirige contra el presidente de la Comisión Delegada de Caixanova en el momento de las operaciones objeto de investigación, Julio Fernández Gayoso; el director general, José Luis Pego; el director de la División Comercial, Gregorio Gorriarán; el director de la División de Planificación Financiera y Control, Domingo González Mera; el director del Comité de Inversión Irregular, José González Rodríguez, y el de la Unidad de Reestructuración, Isaac Alberto Miguel Lourido.

La resolución acuerda el archivo de las actuaciones respecto de 12 personas que se encontraban investigadas, a petición de la Fiscalía, y rechaza las solicitudes de archivo de los investigados: Miguel Aragonés Rodríguez, Delfín Ferreiro Rodríguez, Marta Mediero Gutiérrez, Juan Ramón Iglesias Álvarez, José María Sanmartín Otero, José Taboada López, Alfonso Zulueta de Haz, José Luis Suárez Gutiérrez, Alfredo Blanco López, Miguel Pérez de Juan Burgos, Antonio Gorriarán Laza y Florencia Palomino Molero.

La magistrada examina las operaciones sospechosas y concluye que ha provocado perjuicios patrimoniales a la financiera inmobiliaria Proinova SLU y a Caixanova, hoy Abanca, a favor del grupo Copasa.

En este sentido, según la jueza, el informe de análisis elaborado por PWC calcula esos perjuicios que se ha ocasionado a Caixanova en la operación final de compraventa de las parcelas por la financiera Proinova y la siguiente operación de venta de las parcelas a la sociedad Viviendas y Obras Civiles.

En concreto, explica, el perjuicio económico relativo a las parcelas 15b-1 y 44 asciende a 24.368.790,47 euros y en cuanto a la distribución de la carga hipotecaria atribuida a la siguiente operación de compraventa con subrogación de las parcelas 15B-2 y 15B-5, sería de 15.012.190,26 euros.

También indica que el perjuicio patrimonial por condonación de intereses a Rivas ACI SL y de forma adicional a sus avalistas, como resultado de la compraventa con subrogación de 22 de noviembre de 2010 realizada por Proinova, dado que se trata de retrocesiones no amparadas por el contrato de préstamos hipotecario, ascienden a 2.472.859 euros.

“Sumado lo anterior, el perjuicio patrimonial para el grupo Abanca ascendería de acuerdo con los cálculos realizados en el informe de análisis de esta operación a 41.853.839 euros”, explica el auto.

La cúpula de la entidad ha sido investigada por la concesión de un crédito en 2007 para la adquisición por 67 millones de euros de terrenos en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid que terminó con una dación en pago al entrar en crisis los prestatarios, que son los que figuran en la lista de investigados para los que la causa ha quedado sobreida.

Algunos de los investigados por esta causa también han sido condenados a dos años de cárcel por su gestión en Novacaixagalicia, la entidad que surgió de la fusión Caixanova y Caixa Galicia. La Audiencia Nacional condenó en 2015 a Gayoso, a José Luis Pego y a Gregorio Gorriarán por delitos de administración desleal y apropiación indebida por el cobro de prejubilaciones millonarias, que ascendieron a 14 millones de euros.