“Se denuncian muy pocos casos porque es muy difícil demostrarlos", explicó, pues "los abusos sexuales se producen con amenazas para que se mantengan en secreto entre la menor y el abusador. La consecuencia es que en España 7 de cada 10 denuncias son sobreseídas, no llegan a prosperar y principalmente es por falta de pruebas, pero esto no significa que no estén ocurriendo”, declaró Ana Sastre, directora de Políticas de Infancia de Save the Children.

En su opinión, ello se debe a que muchas veces "no se le da validez a la declaración del propio menor de edad", algo "íntimamente relacionado con el hecho de que los niños tengan que contar los abusos hasta cuatro veces de media, en procesos demasiado largos y ante juzgados no especializados".

Por este motivo, la organización pidió aprobar con urgencia una Ley para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia, una de cuyas principales medidas consistiría en que los niños que pasan por un proceso legal por abusos sexuales en el marco de un divorcio, como en el caso de Fuenlabrada, sean declarados en riesgo y reciban apoyo y seguimiento, independientemente del proceso judicial.

“La decisión del juzgado debe proteger al niño o niña y ante una duda de posibles abusos siempre hay que garantizar que el menor esté a salvo de cualquier agresión física o psicológica, por encima de cualquier otro derecho” afirmó Sastre.

La ley que Save the Children propone también incluye una formación a profesionales de la Justicia sobre las características de los abusos sexuales a la infancia y la obligación, por parte de jueces y magistrados, de reflejar en la motivación de sus sentencias una valoración del interés superior del menor.